La Constitución de 1853/60 representó el pacto de gobernabilidad en virtud del cual se organizó la República Argentina. Reconoció las autonomías provinciales. Creó la autoridad central basada en la unicidad del Poder Ejecutivo. Estableció el Congreso Nacional compuesto por dos Cámaras y el Poder Judicial independiente.
Las facultades fiscales del gobierno federal fueron limitadas al cobro de los derechos de aduana y a la venta o locación de tierras públicas. Previó, para casos estrictamente excepcionales (guerra, conmoción interior), gravámenes directos mientras duraran las emergencias.
La Argentina moderna se construyó sobre la base de la garantía de la propiedad privada, el derecho de libre asociación y la libertad contractual. Estas circunstancias permitieron atraer las grandes inversiones provenientes de los centros financieros de mayor importancia del mundo .
La fortaleza y el arraigo de las instituciones permitieron los casi 80 años de continuidad constitucional.
Las leyes de corte totalitario que se sancionaron con el pretexto de paliar los efectos de la Gran Depresión, determinaron las causas socialistas del fracaso argentino. Este pasaje de nuestra historia no lo podemos desconocer, si los argentinos queremos resurgir en algún momento .
Perpetuados los impuestos federales de emergencia, la Coparticipación Federal Impositiva, y con la banca y el crédito centralizados a nivel nacional, resurgió la ingobernabilidad propia de los históricos fracasos del unitarismo. La Constitución de 1853/60 quedó en la práctica derogada. El Congreso Nacional pasó a convertirse en figura decorativa, en especial, en sus facultades financieras.En el nuevo modelo aislacionista e inflacionario se impuso un Poder Ejecutivo desmembrado en un sinnúmero de organismos deliberativos autárquicos, en forma de entes y empresas comerciales, solventado con dinero de los contribuyentes. De los ocho ministros-secretarios se pasó a las múltiples Secretarías y Subsecretarías de Estado, dependientes del Poder Ejecutivo. La degradación progresiva de los billetes de curso forzoso, emitidos a modo de moneda por el Banco Central, con el fin de financiar las nacionalizaciones y la demagogia política, redujo severamente los salarios reales de la población. El sistema ideado por el justicialismo socialista, para compensar la caída en los ingresos populares, engendró el conjunto de cargas sobre el aparato productivo nacional que alejó a la Argentina de su otrora importante papel en el comercio mundial. La «protección a los trabajadores» y las leyes sociales convirtieron a la Argentina en país emigratorio. Al igual que los cubanos fugados de la paradisíaca isla socialista, un elevado número de nuestros compatriotas gravitan fuertemente, hoy, en California, Florida, España y hasta en Brasil.
La perversión de las ideas en 1945, a los diez años de establecida la Coparticipación Federal y el funcionamiento del Banco Central, sus creadores habían logrado un inesperado objetivo. La grave confusión ideológica que afectó al sector más ilustrado de la sociedad argentina.
Para enfrentar al naciente peronismo, los partidos tradicionales argentinos, no encontraron nada más oportuno que sellar un pacto de «Unión Democrática» con el Partido Comunista.El drama se acentuó en 1955, tras la asunción de la Junta Militar que había derrocado a Juan Domingo Perón de la presidencia. El corporativismo fascista recibe un inesperado triunfo al convocarse a Raúl Prebisch para asesorar, en materia económica, al gobierno de la Revolución Libertadora. Lo demuestra a las claras el Dictamen de una llamada “Comisión Asesora” sobre el “Plan de Restablecimiento Económico” presentado por el Dr. Raúl Prebisch. La Comisión, estuvo presidida por el Dr. Eustaquio Mendez Delfino y como Secretario el Dr. Adalberto Krieger Vasena, quien fuera luego “Ministro de Economía”. Lo curioso de esta Comisión era su estilo corporativo. Se asemejaba, en un todo, a la estructura del último gabinete del denostado régimen depuesto. La Comisión se mostró conforme con los objetivos del Plan Prebisch.Las críticas a la política inflacionaria, negociados, dirigismo y estatizaciones de los servicios públicos del derrocado gobierno, en ningún momento apuntaron a las causas que hicieron posibles estos hechos. Tanto el Plan de Acción Económica de 1934 y la Reforma fiscal y monetaria, de 1932/35, fueron ignorados.
Eran la obra imperecedera del Dr. Raúl Prebisch, quien había pavimentado el camino a la catástrofe. Gracias a este nombramiento y dictamen de neto corte keynesiano, no es de sorprenderse que el Régimen Financiero de la Constitución de 1853/60 permaneciera sepultado 60 años más. Frente a las elecciones para convencionales de 1957, los partidos “democráticos” diferían en muy poco con los principales puntos de la plataforma del Partido Comunista.
El agregado del artículo 14 bis a la Constitución de 1853/60, fue lo único aprobado. Desde entonces, la ya inexistente libre contratación laboral, el derecho de huelga y las convenciones colectivas quedaron legitimados por el Derecho Constitucional argentino. La suma de estos desatinos hizo que, a nivel popular, la palabra Justicia dejara de entenderse como ciega, abstracta, fría e impersonal, propia de las naciones civilizadas. Devino, por el contrario, en «Justicia Social». La «responsabilidad colectiva», criterio imperante en el orden jurídico primitivo, obtuvo, en nuestro medio, una extraña dosis de prestigio. Se puso de moda la discriminación por nacionalidad: «extranjero» y «enemigo» pasaron a ser sinónimos, con especial énfasis en materia fiscal.
La ausencia de libertad de trabajo, la inflación y la plétora de cargas sociales e impositivas trajo clientelismo, desempleo y el renacer de la barbarie. De ahí las actitudes irracionales de piqueteros cortando calles, avenidas, o rutas nacionales en reclamo de trabajo. O, peor, enfermeros huelguistas que dejan morir a los pacientes, en salas de terapia intensiva. El fracaso de los gobiernos civiles y militares y de los «planes económicos», que se sucedieron a partir de 1955, responde—todos—a una causa común: Insistir en hacer compatibles el régimen republicano, representativo y federal de gobierno con el centralismo corporativo fascista que nos rige.
La salida a la crisis perpetuada
La crisis perpetuada por el estatismo no tiene otra salida que liberar recursos y energías de la ciudadanía. Esto implica legalizar en forma incondicional las actividades productivas de más de seis millones de trabajadores, desocupados o excluidos en el sector informal de la economía..La libertad laboral es el más perfecto sistema de seguro contra el desempleo. No puede existir ninguna severa reducción de los gastos estatales sin la previa emancipación de las actividades creativas respecto de los poderes públicos. Eliminar impuestos al trabajo, establecer el derecho a elegir libremente planes de jubilación, seguros de salud, asociaciones gremiales y volver al federalismo en materia laboral. Avanzar hacia el federalismo fiscal con abolición del Régimen de Coparticipación Impositiva, adecuando el sistema rentístico nacional a las prescripciones del aún vigente artículo cuarto de la Constitución Nacional. Considerar guerra perdida la que lleva a cabo el gobierno contra la evasión, atento al rechazo masivo popular al orden legal que rige en materia impositiva y de previsión social. Apelar, sin demoras, al inciso segundo del artículo cuarto de la Constitución Nacional, que autoriza la venta o locación de tierras públicas, sin distinguir suelo del subsuelo. Para alcanzar a ver, en breve, a las rezagadas provincias argentinas compitiendo en prosperidad con los estados norteamericanos de Texas y California, resulta imprescindible derogar el Código de Minería y toda la legislación minera que consagre la colectivización del subsuelo. De la privatización del subsuelo podrán provenir los ingresos extraordinarios para dejar de ser un país rico con gobierno en bancarrota y población en fuga.
Estos recursos deben sustituir a los ilegítimos impuestos al cheque, a las ganancias, IVA, a la transferencia de combustibles, etc. que no son otra cosa que aduanas interiores que distorsionan la economía nacional. El Banco Central lleva ya 30 años de sobre vida, respecto a los cuarenta que le fijó la carta orgánica original. Cumplida con creces su obra demoledora, no queda otro camino que disolverlo. Esto, equivale a transferir todo lo referente a moneda, crédito, bancos, cambios y tasas de interés a la esfera del Derecho Comercial y al control incorruptible de la libre competencia y la responsabilidad individual.
Orientada la acción legislativa en este sentido, pronto habrán desaparecido los mercados negros; los capitales prófugos retornarán sin temor a represalias. Dejarán de existir la mendicidad institucionalizada; los privilegios fiscales se extinguirán automáticamente y la reconciliación nacional será un hecho.
Autor: Meir Zylberberg
No hay comentarios.:
Publicar un comentario