La crisis que se desató en el sector agropecuario, crucial en la economía argentina, dejó de nuevo al descubierto uno de los vicios que desmerecen la vida pública en el país: la baja calidad del proceso de toma de decisiones gubernamentales.
Hay muchas razones por las cuales la aplicación de retenciones a las exportaciones agrícolas provocó un escándalo. Entre otras, el comprensible enojo que produjo en el campo la disidencia de varios gobernadores ante lo que consideran un unitarismo fiscal asfixiante y la politización extrema del discurso del Gobierno para referirse a cuestiones de carácter técnico.
Sin embargo, hay un aspecto de la medida que desató la convulsión rural al que todavía no se le ha dedicado la atención que merece: la ligereza con que parece haber sido adoptada y el escaso rigor técnico de su formulación.
Más allá de los innumerables argumentos sobre el perjuicio de las retenciones, que a menudo han sido expuestos en estas columnas, la resolución 125/08 del Ministerio de Economía presenta muchas debilidades objetivas que se podrían haber evitado con una simple consulta a especialistas en la materia. La más estridente es la destrucción de los mercados a término por la fijación indirecta de un precio máximo para la soja y el girasol. También fue muy evidente la falta de consideración por las explotaciones menos rentables, a tal punto que el Gobierno debió anunciar un régimen de compensaciones que neutralice los perjuicios de sus resoluciones iniciales.
Estos errores parecen casi inevitables para un sistema de toma de decisiones como el que domina en estos tiempos a la administración central. Néstor Kirchner inauguró, y su esposa continúa, un estilo de tratamiento de los asuntos gubernamentales en el que lo primero que se suprime es el debate de ideas y la participación de los estamentos técnicos del Estado en la elaboración de las medidas.
Para volver al ejemplo de las controvertidas retenciones, su establecimiento fue decidido sin participación alguna de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es sólo una de las aplicaciones de un método muy extendido.
Materias tan diversas y específicas como el comercio de granos, la producción y comercialización ganadera y lechera, las telecomunicaciones o la generación y distribución de energía son, en general, administradas por el mismo funcionario, el tristemente célebre secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Del mismo modo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, oficia a veces como ministro de Trabajo en las negociaciones con los sindicatos, o como canciller en la relación bilateral de países como Venezuela.
Merced al carácter casi clandestino de los circuitos de gestión, la vida oficial transcurre con absoluta prescindencia del cuerpo profesional del Estado. Prueba de ello es que, al frente de la oficina que debe administrar la enorme madeja de subsidios públicos a actividades económicas, sobre todo agropecuarias, acaba de ser destacado un cuestionado funcionario a quien, hasta hace dos semanas, se lo suponía experto en comercio exterior: Ricardo Echegaray, ex titular de la Aduana.
Acaso la política exterior sea la que ofrece más ejemplos de los riesgos de esta estrategia: desde los fantasiosos créditos chinos hasta la querella con Uruguay por las pasteras de Fray Bentos, pasando por la candorosa celebración de la visita de un dictador africano.
El desdén por el saber especializado y el derroche de recursos humanos capacitados son inquietantes.
Estas fragilidades se vuelven más frecuentes por la fobia a las reuniones de gabinete que caracterizó a la gestión del ex presidente Kirchner y, por lo visto hasta ahora, también a la de su esposa.
Por otra parte, las descomunales transferencias de funciones y competencias del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo han clausurado cualquier debate, incluso en casos que lo demandarían tanto, como el de las retenciones al agro. También esta falencia institucional debilita la calidad de las decisiones por la ausencia de un ámbito institucional de discusión de ideas.
La escasa vocación de los funcionarios por mantener una interlocución provechosa con la sociedad civil, en especial con las entidades que representan a los distintos sectores de la economía, agrava este panorama. El mismo mal deriva de la inexistencia de partidos políticos estructurados que puedan inducir al que gobierna a justificar sus decisiones y, en ese ejercicio, perfeccionarlas.
La lucidez del que conduce el Estado, la necesidad de que cuente con una interpretación correcta de los problemas en los que le toca operar, se convierte en un bien mucho más crucial cuando la acción de gobierno transcurre por carriles tan estrechos. O, por el contrario, un error de percepción se vuelve catastrófico en sistemas en los que la voluntad del que manda no está modelada por mecanismos de consulta y corrección.
Si los actuales estándares de calidad de gestión del gobierno nacional se trasladaran a una empresa privada, parecería muy poco probable que esa compañía pudiera subsistir durante más de un año en un mundo tan competitivo.
La capacidad de comprensión de fenómenos conflictivos y la conveniencia y oportunidad de las medidas más relevantes del Gobierno parecen reducirse hoy, en la Argentina, a una pequeña célula político-administrativa dominada por no más de dos personas: la Presidenta de la Nación y su esposo, auxiliados de a ratos por colaboradores como el jefe de Gabinete o el funcionario a cargo de la Secretaría Legal y Técnica. Allí parece condensarse todo el capital intelectual del que dispone hoy el Estado en la Argentina. Una mesa demasiado chica para asuntos cada día más complejos
Fuente: La Nación
Ver como se toman las decisiones en este gobierno, de forma unilateral, arbitraria, pasando por alto el congreso, donde dos personas tienen el control de las medidas económicas: Kirchner y Moreno. Parece un barco a la deriva, viven en una ficción en la que no entienden cuáles son los verdaderos problemas y la forma de resolverlos, sólo aumentar la caja del Estado con voracidad.
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