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abril 09, 2008

Sobre la Crisis Tributaria escribe María Anastasia O'Grady

Esta gran periodista del Wall Street Jounarl, y columnista de El Cato Institute escribió acerca de la crisis tributaria a la que se enfrenta el gobierno argentino desde la huelga del agro y los cacerlazos en diversas ciudades de Argentina. Afirma que ante un gobierno tan avasallador de los derechos individuales, carente de escrupulos, y que le importa un bledo el estado de derecho y los preceptos constitucionales, la mejor forma de combatirlo es mediante "la desobediencia civil", como lo hicieron los antiguos colonos cuando desafiaron al poder del rey Jorge III de Gran Bretaña. La crisis tributaria argentina tiene similitudes muy grandes con aquella situación. Los impuestos en Argentina son abusivos y confiscatorios; además que el estado no le está prestando ningún servicio a la población, excepto a los parásitos que se han instalado en los oficios públicos.


La semana pasada se registraron episodios de violencia en Buenos Aires donde manifestantes que protestaban por la escasez de alimentos y la inflación fueron atacados por partidarios de la presidenta Cristina Kirchner armados con palos. Los atacantes eran liderados por un enemigo declarado del sector privado que trabajó con el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.

"Lo único que me mueve", dijo Luis D'elía, después de que su ataque a un manifestante fue grabado por las cámaras y sus acciones fueron justificadas por el jefe de gabinete de Kirchner, "es odio contra la puta oligarquía". Luego anunció que él y sus hombres patrullarán las calles para defender su visión de que los productores del país son inmorales. La policía nacional, que responde a la presidenta, no hizo nada para detener la violencia.

Desde 2003, Argentina ha estado creciendo rápidamente, más de 8% al año. Pero esto ha sido principalmente el resultado de la combinación de un repunte natural después de su colapso y el auge global de los commodities. Mientras tanto, hirviendo justo por debajo de la superficie se mantiene la contradicción fundamental que provocó la crisis de 2001. Aunque un peso fuerte hizo que los argentinos prosperaran en los 90, este era incompatible con la economía rígida y cerrada del país. La situación es la misma hoy: O se abre la economía, se hacen flexibles los mercados laborales y mejora el clima financiero o el gobierno se aferra a una política de un peso débil como una forma de compensar por un modelo económico poco competitivo y permite que la inflación regrese.

Al escoger la segunda opción, los Kirchner han ganado el apoyo del segmento de la economía leal a los principios de Juan Perón, el fascista argentino del siglo pasado. Estos incluyen a los sindicalistas militantes, burócratas del gobierno, la máquina política peronista y gente como D'elía, cuyos matones actúan como la policía informal de Kirchner. Pero al generar inflación y provocar escasez, la economía de Kirchner está alimentando un descontento general.

Los problemas recientes no comenzaron en Buenos Aires, sino en las provincias, en donde la agricultura es la principal actividad económica. Los agricultores se rebelaron a principios de este mes, cuando el gobierno anunció un incremento en los impuestos a la exportación de productos agrícolas. Las denuncias de que las nuevas tasas de retención del gobierno, es decir impuestos a la exportación, son casi una expropiación no están alejadas de la realidad.

Tomemos por ejemplo el caso de la soya. El nuevo impuesto a las exportaciones será incrementado de 35% a 44%. Pero ya que los agricultores también tienen que pagar un impuesto de 35% sobre sus ganancias, la tasa impositiva efectiva es significativamente mayor. "El agricultor termina pagando esencialmente un impuesto de 63% sobre sus ingresos brutos", dice Pablo Guidotti, decano de la escuela de gobierno de la Universidad DiTella. Si el precio de la soya sube, agrega Guidotti, la "tasa de retención" se incrementa hasta que el gobierno pueda tomar hasta 95% de cualquier incremento marginal en los ingresos brutos de los agricultores.
En respuesta a los aumentos de impuestos, los agricultores bloquearon las carreteras en cerca de 300 lugares en todo el país, prometiendo que no permitirían que los bienes llegaran a los mercados. Los efectos de esta decisión se han sentido en la capital, en donde manifestantes se han tomado las calles para apoyar a los agricultores y en contra de lo que dicen que es la arrogancia del gobierno. La huelga ya entraba a su tercera semana.

Kirchner dice que el aumento de impuestos es un mecanismo de redistribución, sugiriendo que los cultivadores y rancheros tienen que ser forzados a compartir más de su buena fortuna con otros. Pero la principal motivación detrás de este aumento impositivo es la inflación.

Según parece, el gobierno hará cualquier cosa para reducir la inflación excepto aquello que resolvería el problema: permitir que el peso se fortalezca. Ha impuesto controles de precios a los negocios, congelado y luego subsidiado los precios de la energía y prohibido las exportaciones de carne. El año pasado, despidió a la directora de la agencia estatal de estadísticas de inflación porque se rehusó a manipular las cifras. Incluso así, los precios subieron aproximadamente 20% en 2007 y las expectativas para este año se mantienen altas. Eso podría explicar la nueva ronda de impuestos confiscatorios. Al desalentar a los agricultores a enviar alimentos al extranjero, el gobierno cree que puede aumentar el suministro interno y ponerle freno a los precios.

Además de enfurecer a los agricultores y reducir el incentivo a producir, esto no hace nada para enfrentarse a las causas de la inflación, las cuales son la expansión monetaria y el fracaso de la economía de atraer inversión y expandir la capacidad de producción. Un peso fuerte y un compromiso del gobierno para respetar la propiedad privada es lo que se necesita para confrontar el alza en los precios.

En cambio, como buenos secuaces sin cerebro, desesperados por abrir hoyos a un dique que gotea, el equipo económico de Kirchner está moviéndose rápidamente, tratando de compensar por los múltiples errores de política de Kirchner sin liberar a la economía. La crisis de inflación es tan sólo el fiasco más reciente. Los subsidios para compensar a los nuevos impuestos a las exportaciones no deben tardar en aparecer.

Pero no importa. El poder de Kirchner no yace en un modelo económico racional. La idea de los Kirchner de dirigir una economía es imponer impuestos, prohibir, regular y subsidiar, si no es micro gestionar cada aspecto de la vida argentina para que ninguna decisión sea tomada sin consultarlo primero con ellos. Ellos son, en el fondo, autoritarios recalcitrantes al estilo de los que hubieron en los años 70.

Si le queda alguna duda, considere el hecho de que Néstor Kirchner invirtió los últimos cinco años desmantelando el sistema institucional de pesos y contrapesos para que cuando llegara este momento, todo el poder estuviera en el palacio presidencial. Él y su esposa ahora controlan al sistema judicial, la legislatura, el banco central, la policía nacional y los gastos discrecionales en las provincias. El único camino que queda para expresar descontento es la desobediencia civil.

Como vimos la semana pasada, ese camino puede estar cerrándose ahora que los Kirchner tienen su propio ejército en las calles de Buenos Aires, liderado por D'elía. La ira y la envidia detrás de la furia de esta multitud es lo que el kirchnerismo ha sembrado desde 2002. Aquellos que se atrevan a discrepar probablemente serán tratados con más salvajismo.


Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal (EE.UU.) el 31 de marzo de 2008.
URL de origen: http://www.elcato.org/node/3235

diciembre 18, 2007

Una deuda que Cristina Kirchner podría tener con Chávez


Autor: Mary Anastasia O'Grady

Argentina no es muy concienzuda a la hora de pagar sus deudas, pero eso podría cambiar bajo la flamante presidenta Cristina Kirchner. Dos noticias que se revelaron la semana pasada sugieren que su gobierno podría tener una abultada cuenta abierta con el presidente venezolano Hugo Chávez y que está haciendo un gran esfuerzo para pagarla.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que la reciente campaña electoral de Cristina Kirchner era el destino de US$800.000 en efectivo que había en un maletín de Chávez que se envió a Argentina en agosto. Si resulta cierto, esto confirmaría lo que muchos argentinos sospechan desde hace tiempo: Argentina, bajo el mando del ex presidente Néstor Kirchner y ahora de su esposa, han sido "arrendados" por hombre fuerte venezolano de la misma manera en que Bolivia y Nicaragua cayeron bajo su influencia.

Esto no sólo es sombrío para la democracia argentina. Si algunos miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) están de verdad en la nómina salarial de Chávez, ello explicaría por qué el organismo multilateral con sede en Washington ha sido tan tímido con el gobernante antidemocrático de Venezuela, a pesar de su mandato de defender la democracia.

También arroja dudas sobre si Cristina Kirchner estaba actuando de buena fe la semana pasada cuando se reunió con el presidente colombiano Álvaro Uribe, el enemigo declarado de Chávez en Sudamérica, para discutir la desesperada situación de la rehén franco-colombiana Ingrid Bentancourt y otras 44 personas que están retenidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La presidenta Kirchner pasó a la ofensiva la semana pasada, calificando la acción del FBI (que detuvo a cuatro personas relacionadas al caso del maletín) como una "operación basura". Pero el FBI tiene un punto. Hay que recordar que el hombre que transportaba el maletín con los US$800.000 retornó a su hogar en Florida después de que las autoridades argentinas lo dejaran libre. El fiscal estadounidense en Miami dice que tres venezolanos y un uruguayo actuaron como agentes extranjeros cuando viajaron a Estados Unidos para tratar de silenciar al portador del maletín "en un esfuerzo por tapar un creciente escándalo internacional".

Dada la despreocupación con la que el contrabandista del maletín abordó su tarea, no es difícil imaginar que Venezuela considerara la transacción como una rutina y que pensara que sencillamente fue un infeliz al que pillaron. El periódico argentino La Nación reveló hace unos meses que aviones y funcionarios venezolanos aterrizan regularmente en el aeropuerto Jorge Newberry en Buenos Aires y que pasan por alto las inspecciones aduaneras.

Si Chávez de verdad subvencionó la campaña de Cristina Kirchner, ella le debe mucho. Esto tal vez explica la postura pro Chávez que asumió el martes 11 en el tema de los rehenes colombianos cuando se reunió con el presidente Uribe en Buenos Aires. En vez de abogar por la Convención de Ginebra de 1949 y de hacer un llamado a las FARC para que liberen a sus rehenes sin condiciones, como lo hizo hace poco la presidenta chilena Michelle Bachelet, Cristina Kirchner presionó al jefe de Estado colombiano a ser más abierto. En otras palabras, adoptó la misma postura que Chávez y las FARC: ambas partes insisten en que Uribe es el obstáculo que impide el progreso.

La presidenta puede tener razones de política interna para evitar el tema de la Convención de Ginebra. Su gobierno —y el de su marido anteriorment— dependen de aliados, asesores y miembros del gabinete que son ex miembros de grupos de terror argentinos y que se ganaban la vida en los años 70 mediante secuestros. Si las FARC son culpables de violar la Convención de Ginebra, entonces también lo son muchos kirchneristas.

Si tiene una deuda con Chávez, tiene motivos adicionales para tratar de culpar a Uribe en vez de los terroristas. Chávez no oculta su apoyo a las FARC o su animosidad hacia Uribe. La cúpula de las FARC pasa el tiempo en Caracas y manejan su narcotráfico en el patio trasero de Chávez. Si por razones puramente humanitarias quisiera liberar a los rehenes, ya lo podría haber hecho. Las guerrillas necesitan un pasaje a través de Venezuela y podrían cuadrarse frente a Chávez cuándo él quisiera.

Uribe tal vez cometió un gran error al solo considerar una negociación de rehenes con las FARC. Los rebeldes jamás han sugerido que están interesados en la paz. Quieren intercambiar sus prisioneros "políticos" —policías, soldados, políticos y tres contratistas estadounidenses— por un beneficio estratégico que mejore la eficiencia de sus negocios de narcóticos y secuestros. A la luz de esta realidad, Uribe hubiera obrado mejor al mantener una política de cero conversaciones con los terroristas.

Sin embargo, el gobierno colombiano está bajo una fuerte presión del presidente francés Nicolas Sarkozy y los familiares de los secuestrados, por lo que Uribe abrió un diálogo. Asumió un riesgo aún mayor al concordar en que Chávez fuera un negociador. Casi de inmediato, el presidente venezolano violó las reglas básicas al tratar de hablar directamente con los militares. Su meta era asegurar la principal demanda de las guerrillas: un nuevo territorio rebelde libre de fuerzas armadas colombianas. Uribe tomó la rápida y sabia decisión de despedir al "negociador" venezolano. Pero ahora se encuentra bajo la presión renovada de Cristina Kirchner para que haga más con el fin de satisfacer las demandas de los narcotraficantes.

Según informes de la prensa local, en su encuentro con Uribe, Cristina Kirchner no mostró ningún agradecimiento por la última concesión que Colombia hizo a las FARC: una zona desmilitarizada bajo observación internacional. Se trata de 150 kilómetros cuadrados que serán entregados durante 30 días para servir de lugar para intercambiar los rehenes por 500 insurgentes de las FARC que retiene el gobierno. Las FARC también han ignorado esta oferta.

Y la presidenta argentina tampoco parece estar interesada en llegar a fondo en el "caso del maletín". En vez de ello, una enojada Kirchner se plantó frente a las cámaras de televisión y sacó la carta del género. "Esta presidenta puede ser mujer, pero no se va a dejar presionar", dijo en referencia a la antipatía de Estados Unidos hacia su amigo Chávez.

Su actitud no sirve de mucho consuelo para los hombres y mujeres colombianos que viven bajo el terror de las FARC, un terror que Chávez, y ahora Cristina Kirchner, quieren apaciguar.


Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del
Wall Street Journal
Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal (EE.UU.) el 18 de diciembre de 2007, y reproducido en el sitio de El Cato Institute

noviembre 06, 2007

Argentina vuelve al futuro


por Mary Anastasia O'Grady


Argentina realizó una elección nacional ayer para escoger a un nuevo presidente por un período de cuatro años. Al cierre de esta edición, era muy pronto para declarar a un ganador, pero había un avance positivo: las encuestas a boca de urna mostraban que los porteños habían votado masivamente en contra de la candidata peronista Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente Nestór Kirchner.

Desde 2003, el gobierno de Néstor Kirchner ha pasado como una aplanadora sobre los pesos y contrapesos del poder ejecutivo y la candidatura de su esposa fue vista como una fórmula de continuidad. Así que si esta ciudad, el centro cultural y de negocios del país, vota en contra del intento de la primera pareja del país por aferrarse al poder, eso sugiere la supervivencia del espíritu republicano de Argentina. Esta también sería una buena noticia para el resto del continente, donde muchos países están involucrados en una lucha de proporciones épicas, generada por el regreso de la primitiva política caudillista que los Kirchner y su aliado Hugo Chávez representan.

De todas maneras, la esposa del presidente parecía encaminada a obtener un triunfo en todo el país y los primeros resultados indicaban que se disponía a superar el 40% de los votos que necesita para evitar una segunda vuelta. Esto podría desanimar a los demócratas liberales aquí, pero podría convertirse en una justicia poética. Debajo de lo que parece ser un crecimiento robusto este año, el gobierno de Kirchner ha causado un desastre en la economía a través de una mortal combinación de un gasto fiscal excesivo y controles de precios para generar una falsa sensación de prosperidad. Nada podría ser más apropiado que darle a la señora Kirchner la responsabilidad de arreglar el problema.

De partida, existe la desesperada necesidad de abandonar el actual sistema de control de precios sumado a los impuestos a la exportación de energía y bienes agrícolas. El sistema no está manteniendo a raya a la inflación o a las expectativas inflacionarias y, en cambio, está distorsionando la asignación de capital y ha socavado la credibilidad del gobierno.
los malos economistas entienden que los controles de precios causan escasez. En un esfuerzo por mitigar ese problema, los funcionarios de Kirchner han impuesto controles sólo a ciertos artículos al interior de ciertas categorías. Estos productos son, a su vez, puestos en la canasta de bienes usados para medir la inflación. Pero ya que los bienes bajo control de precios tienden a ser de muy baja calidad y también se venden rápidamente, la mayoría de los argentinos terminan comprando productos a precio de mercado, los cuales están subiendo. En el sector de energía, en donde se imponen controles más amplios, se presentan más suspensiones del servicio.
Mientras tanto, los impuestos a la exportación, diseñados para llenar las arcas estatales, desalientan a los productores a enviar su producción fuera del país y reducen el incentivo de producir.

Los esfuerzos del gobierno por manipular las estadísticas de inflación han dañado la confianza del público. Aunque la tasa oficial de inflación es de entre 9% y 10%, algunos economistas independientes calculan que es el doble. El gobierno explora un modelo de inflación subyacente que eliminaría los incrementos excesivos en los precios para presentar una imagen más favorable. Pero es poco probable que engañen al público y los líderes sindicales ya han dicho que demandarán un incremento de 20% en su salario el próximo año para compensar por el creciente nivel de precios.

La presión sobre los salarios públicos y los subsidios que buscan ocultar los aumentos de precios en la energía también están impulsando los temores del mercado de que el gobierno se dirija al mismo problema fiscal y de deuda que dejó al país de rodillas en 2001. Pablo Guidotti, economista argentino egresado de la Universidad de Chicago, quien hoy está en la Universidad Torcuato Di Tella, señala que la deuda pública del país como porcentaje del PIB hoy es más grande que en 2001. Además, añade que su composición no es muy diferente de lo que eran entonces y que la reestructuración de la deuda en 2005 incrementó el interés promedio que paga el país.

El gobierno está en camino de producir un superávit fiscal primario de 2,5% del PIB en 2008, pero Guidotti señala que si cayera a 1,5% del PIB, los requerimientos de préstamo podrían regresar rápidamente a los niveles de 2000, tanto en dólares como en porcentaje del PIB. "Si las tasas de refinanciación se elevan", agrega, "estas condiciones se deteriorarían aún más".
¿Por qué hay que preocuparse por una caída en el superávit fiscal? Una mejor pregunta, dada la historia de la política argentina es ¿Por qué no preocuparse? Tan sólo este año, se espera que el gasto gubernamental crezca un 60% aunque los ingresos sólo crecerán dos tercios de esa cifra. El Congreso, controlado por los peronistas, le ha otorgado al ejecutivo tanto "poderes de emergencia" para gobernar por decreto y "súper poderes" sobre la gestión del presupuesto. A menos que a la nueva presidenta le venga una repentina necesidad de controlar el gasto, es difícil pensar en cómo las cuentas fiscales no se deteriorarán.

Los impuestos a la exportación, los controles de precios, la preocupación por la inflación y la violación de los contratos de deuda y de electricidad de parte del gobierno en 2002, están teniendo un efecto negativo sobre la inversión. El gobierno hace alarde de una tasa de inversión este año de cerca del 23% del PIB. Sin embargo, un reciente informe de cinco académicos argentinos lanza una sombra de duda sobre ello. En el estudio, llamado "Inversión en Argentina", el ex presidente del banco central Javier González Fraga y otros argumentan que buena parte de esta "inversión" es, en realidad, gasto de los consumidores en cosas como celulares, casas y vehículos con tracción en las cuatro ruedas.

Los autores también dicen que Argentina capturó sólo un 60% de lo que el pequeño Chile atrajo en 2006 y un 76% de lo que captó Colombia. No es de extrañar, entonces, que los Kirchner, que forjaron sus carreras denunciando al Fondo Monetario Internacional, estén coqueteando con el organismo multilateral. El FMI tiene la llave para reprogramar la deuda bilateral con el Club de París para restaurar la financiación de exportaciones garantizada por el gobierno, para compañías estadounidenses y europeas que invierten en Argentina. Espere que el Fondo, que está desesperado por tener un rol en el mundo, encuentre una forma de rescatar el orgullo de la clase política del país para que pueda volver a llamar a Argentina "cliente" de nuevo.

Sume todo esto y lo que obtiene es una Argentina que no ha cambiado en nada desde que los políticos la hundieron en 2001. La única interrogante es si el nuevo gobierno romperá con el pasado y se reconciliará con los mercados. La respuesta no debería tardar mucho.

Este artículo fue publicado originalmente por Wall Stree Journal
Source URL:http://www.elcato.org/node/2889
Links:[1] http://www.wsj.com/