En Argentina algo debe cambiar profundamente, y eso es el modo en que sus habitantes se comunican ente sí. Argentina es una sociedad donde no hay un código de comunicación eficaz. Se ha prostituido el lenguaje dándole a la palabra un significado propio para quien la emite; se han reemplazado las reglas de la cortesía por el insulto, la prepotencia y el griterío histérico.
Este pésimo modo de comunicación es el modo preferido del gobierno argentino para dirigirse a la comunidad, principalmente es el modo usado por la presidente Cristina Kirchner y su esposo Néstor Kirchner.
En Argentina no se ha perdido la democracia, se ha perdido la república. En una república verdadera es indispensable el debate para los actos de gobierno, para dar a conocer la comunidad la marcha del gobierno y el estado de los negocios públicos.
Para esto es necesario el lenguaje. Con un lenguaje prostituido, repleto de insultos, mentiras, interpretación tendenciosa y palabras falsas o vacías de significado la república colapsa. Los discursos de Cristina Kirchner apelando a la paz, a los derechos humanos, al bien común no concuerdan con el significado de sus declaraciones. Nadie más que ella prostituye el lenguaje. Sus palabras son absolutamente falsas, demuestran además que es absolutamente intolerante, que no soporta que alguien disienta con ella, y si alguien lo hace inmediatamente es vapuleado sutilmente, y tratado como un enemigo que hay eliminar sin compasión alguna. Sus palabras no concuerdan tampoco con los gestos que hace, el dedo señalador implica enemistad. El lenguaje de gestos es más fuerte y deja en evidencia que lo que Cristina Kirchner dice es radicalmente opuesto de lo que piensa.
Cristina Kirchner apela al patriotismo barato, usando banderas, escarapelas, cantando el Himno Nacional y poniéndose la mano en el corazón; apela a los derechos humanos, pero les niega al productor uno de los más sagrados de los derechos humanos: el de disponer del producto de su trabajo, es decir desconocer el derecho a la propiedad.
Hay derechos inalienables inherentes a la naturaleza del hombre. Estos derechos en sentido amplio son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El derecho de propiedad pertenece al último género: el de la búsqueda de la felicidad. Estos derechos, que antes habían sido enumerados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos por los padres fundadores como Thomas Jefferson, James Madison, Benjamín Franklin, Alexander Hamilton, Patrick Henry, George Washington, etc, como así también por muchos pensadores de diferentes lugares del mundo y filósofos de varias épocas, tales como Aristóteles, no son creados por la autoridad legislativa, ni por el rey, ni por el presidente, estos derechos pertenecen a otro campo, al de la naturaleza humana y están fuera de la jurisdicción de la autoridad civil. Lo que la ley y la autoridad pueden hacer es simplemente reconocerlos, pero no derogarlos ni modificarlos. La Constitución de la Nación Argentina de 1853 ha tenido en cuenta estos principios, y durante las primeras décadas que esos principios se respetaron, fue el periodo más próspero de Argentina.
Las retenciones impuestas por el decreto 125 implican una expropiación, la negación de un derecho natural del hombre, que es de disponer de su propiedad, la que produce su trabajo. Si el hombre no tiene derecho a disponer de lo que produce con su trabajo, menos derecho tiene el clientelismo parasitario que el gobierno protege con tanto tesón. Hay un principio universalmente aceptado en el campo del derecho: ese principio es que no hay imposición sin representación. Este impuesto decretado por Cristina Kirchner ha sido de espaldas al pueblo y contrario a sus intereses. Ha desconocido ese principio, y lo peor es que ha desconocido un principio fundamental en la Constitución Nacional, que es el principio por el cual la iniciativa en materia de impuestos y asignaciones presupuestarias corresponde a la Cámara de Diputados de la Nación y deben ser aceptadas también por el Senado. El presidente de la Nación no puede poner condiciones al Congreso Nacional, en materia de creación de impuestos y cuestiones financiera el Congreso tiene potestad y el presidente no tiene nada que hacer ahí, sólo obedecer la ley. Pretender que el Congreso no puede modificar el decreto es desconocer las reglas establecidas por la Constitución. Lo que se merece el decreto 125 es un rechazo contundente del Congreso, si es que sus miembros son representantes verdaderos del pueblo y es verdad el juramento que han prestado al inicio de sus oficios: el de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.
Pero volviendo a lo que estaba diciendo al principio, la presidente Cristina Kirchner debe cambiar el modo de dirigirse a la comunidad. Los impuestos establecidos no son el único problema. Cristina Kirchner es presidente para todo el pueblo y no para una parte. El presidente debe buscar la concordia, conciliar partes en conflicto en vez de agravarlo pretendiendo dividir a la sociedad y enfrentar a una parte de la población contra la otra, acusando a los opositores de genocidas, golpistas, corruptos y tratando cómo héroes a quienes no han hecho nada para merecer ese trato. Debe hacer honor a la palabra y cumplir con lo que dice.
Si no está dispuesta a gobernar para buscar la paz, lo mejor que puede hacer por el país es renunciar, porque tener una busca pleitos en la Casa Rosada es lo que el pueblo de Argentina no necesita. Un presidente debe tener en cuenta que es un empleado, no el propietario. Debe tener en cuenta que el gobierno es para buscar el bienestar de la comunidad y no para enriquecer a unos saqueando a otros. Si un gobierno no tiene en cuenta todo esto, sería lo mismo que su estuviéramos a merced de los piratas y criminales que vagan por el mundo, con la ventaja de que estos cuestan mucho menos que el funcionamiento del gobierno.
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