Desde que se agregó a la Constitución de Argentina con la reforma realizada en el año 1994, los Decretos de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) han sido casi una regla en lugar de ser la excepción; todos los presidentes desde la mencionada fecha hasta el presente han hecho, mas que uso abuso de esa facultad. El último caso de abuso es el decreto 18/2010 emitido por la Presidente Cristina Kirchner por el cual se destituye al presidente del Banco Central por negarse a cumplir una orden ejecutiva que dispone el uso de reservas monetarias para atender gastos del gobierno nacional, violando todos las normas legales exigidas para la remoción de un funcionario de esta clase.
La Corte de Apelaciones ha fijado un límite al ejecutivo, estableciendo que los Decretos de Necesidad y Urgencia sólo pueden ser dictados cuando por causas de fuerza mayor, por ejemplo: acciones bélicas o desastres naturales, o cuando la urgencia sea tan grave que no pueda seguirse el trámite ordinario para la sanción de leyes y hagan imposible la pronta resolución de las cámaras legislativas. Condiciones exigidas por la norma constitucional que no se dan en el presente.
Cada vez es más evidente que el actual gobierno quiere avasallar la autoridad legislativa del Congreso, como así también la autoridad judicial de la Suprema Corte y las cortes inferiores, faltándole el respeto que merecen, acusando al Poder Judicial de Partido Judicial y los fallos y resoluciones como "chicanas políticas".
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