El Estado Depredador

Por Antonio Margariti


La Argentina se ha convertido en un lugar donde los gobernantes se dedican a preservar sus intereses particulares mediante el pillaje, el saqueo impositivo y la devastación de las instituciones.

Entre los economistas, ha sido una cuestión muy debatida la que se vincula con la dirección del proceso económico del país.

Dicha controversia se refiere a una milagrosa coordinación que se produce todos los días. En efecto, causa admiración comprobar que el proceso económico cotidiano funciona con la precisión de un reloj sin que la mayoría de nosotros repare en quién, cómo, cuándo, dónde y mediante qué instrumentos se realiza dicha coordinación.

Diariamente, el almacenero, el carnicero, el verdulero o el panadero abren sus puertas y tienen disponibles los alimentos que los hogares necesitan. Del mismo modo, existe una coordinación muy precisa que permite que miles de camiones cargados con cereales, oleaginosas, harinas, aceites y biodiesel lleguen oportunamente al puerto, desde lugares lejanos. También observamos que los buques de ultramar esperan en las radas -fluviales o marítimas- para cargar esos productos granarios en sus bodegas y, rápidamente los transportan a los puertos de destino donde son recibidos por fabricantes que los transforman en alimentos y los distribuyen mediante una compleja red de comercialización.

Millones de trabajadores, con millones de bienes intermedios, en millones de lugares, se coordinan todos los días para producir, transportar, distribuir y poner al alcance de millones de consumidores los millones de productos que necesitan.

Así funciona una economía moderna. Con un grado de división del trabajo jamás alcanzado en el pasado y un nuevo tipo de tecnología en todas las formas de producción, a través de sistemas de registros de datos intercomunicados por una red mundial. La economía se ha convertido en uno de los aparatos más complicados creados por el hombre y que reacciona con la máxima sensibilidad a cualquier interferencia o error en el proceso de coordinación.

Mercado o planificación

Desde que se tuvo conciencia de esta compleja coordinación del proceso económico, ha habido un acuerdo científico en señalar que existen dos únicas formas de coordinación: el mercado o la planificación estatal.

Ludwig von Mises (1881-1973) afirmaba que “simplemente no hay otra opción que ésta: que el Estado se abstenga de interferir alterando el libre juego del mercado, o que se delegue el manejo completo de la producción y distribución en los funcionarios del gobierno. Ya sea mediante el orden de la competencia, que coordina el interés individual con el interés general, o la dirección centralizada del proceso económico en manos del Estado, no hay otro camino intermedio”.

Sin ninguna duda la función coordinadora del mercado ha sido infinitamente superior a la tarea de dirección de la planificación estatal, caracterizada por su brutalismo, impregnada de errores e ignorancia, plagada de despilfarros y enlodada por la corrupción de los gobiernos, tal como lo experimentó la Unión Soviética con los planes quinquenales desde 1921 a 1989, en que el Gosplan (Comité Estatal de Planificación de la URSS) terminó grotescamente.

Es obvio que el funcionamiento del mercado sólo produce resultados óptimos cuando opera dentro de un régimen de sana competencia y, legalmente se impiden los intentos de fraude, engaño, violencia o predominio mediante el monopolio. La sana competencia requiere y depende de condiciones morales que pueden condensarse en estas tres simples reglas: posesión pacífica de los bienes, transmisión por consenso y cumplimiento de las promesas. Como decía Wilhelm Röpke (1899-1966) “la intervención estatal es necesaria para respetar y hacer cumplir esas reglas, pero es esencial que se haga “conforme” al mercado, es decir dentro de leyes que permitan la libre competencia, nunca en contra de ella”.

La tercera vía

En algunos países se intentó seguir una tercera vía bajo los lemas: “ni mercado ni planificación central”, “tercera posición”, “plan y antiazar”. El caso más importante fue la experiencia francesa de la “planificación indicativa” desarrollada entre 1952 y 1973. Fue concebida como un método científico basado en modelos econométricos, que tenían en cuenta la programación lineal, las teorías secuenciales y el empleo de la matriz input-output para pronosticar el futuro. Intentaban eliminar la incertidumbre para que la economía funcionara mecánicamente. Mediante esos modelos los ingenieros sociales franceses pretendieron llevar a cabo una acción deliberada para asignar recursos a cada sector al margen de las fuerzas del mercado.

El método consistía en realizar un gigantesco estudio de mercado entre todos los sectores de la economía nacional y todas las regiones del país. Su autor intelectual fue Pierre Massè (1898-1987) un notable matemático experto en teoría del azar, programación dinámica y principio de mínima de Pontriagyn, acompañado por Louis Armand (1905-1971) y Jean Fourastiè (1907-1990). Tales científicos diseñaron una política económica que no suprimía la libertad de empresa, pero indicaba a los agentes económicos las directrices que el Gobierno y el sector público iban a seguir en el próximo quinquenio. Recibió el nombre de planificación indicativa para distinguirla de la planificación centralizada forzosa, de la Unión Soviética. Sin embargo, la experiencia francesa fracasó estrepitosamente porque en 1973 la primera crisis del petróleo hizo estallar todas las previsiones globales. Allí comprobaron que el crecimiento económico -después de la IIª guerra mundial- hubiese ocurrido mucho mejor sin la planificación indicativa. Pero la rigidez burocrática que impuso a la economía francesa terminó liquidando todo resto de espíritu innovador y anulando los reflejos de adaptación para enfrentar una imprevista crisis mundial.

Experiencia argentina

Desde hace 5 años, el gobierno argentino ha decidido seguir una cuarta vía, la vía del “sin”.

Sin mercados libres. Sin plan quinquenal. Sin planificación indicativa. Sin estadísticas confiables. Sin reglas políticas. Sin garantías constitucionales. Sin estabilidad monetaria. Sin razonables impuestos a la exportación. Sin relaciones internacionales de jerarquía. Sin contactos con organismos mundiales de crédito. Sin parlamento autónomo. Sin justicia dispuesta a poner limites. Sin seguridad personal en la vía pública o en el hogar. Sin pudor en las licitaciones.

Durante estos años, el Estado argentino se ha ido convirtiendo en un verdadero Estado depredador, que es aquél donde sus gobernantes se dedican a preservar sus intereses particulares mediante el pillaje, el saqueo impositivo y la devastación de las instituciones, imponiendo su poder omnímodo con la complicidad del Congreso y la sumisión de la Justicia.

Con confiscaciones impositivas, exacciones injustas, presiones políticas de organismos reguladores y movilización de fuerzas de choque reclutadas en la clientela asistencial, nuestro Estado depredador ha dirigido la economía pensando sólo en el corto plazo. Su máximo umbral de horizonte se encuentra en la próxima elección. Hasta allí estiran sus enfoques, pero ni un metro más allá.

Esta parcial visión de la realidad sólo tiene en cuenta el aspecto político, ignorando todas las demás cuestiones por donde transcurre la vida real de las personas: los aspectos culturales, económicos, religiosos, científicos, tradicionales, familiares, emocionales y regionales que definen el estilo de vida elegido por los ciudadanos.

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.
Este es un artículo publicado por Antonio Margariti en el sitio http://www.economiaparatodos.com.ar/

CUANDO LA ECONOMIA DEJA DE SER INDEPENDIENTE Y PASA A SER DOMINADA POR LA POLITICA

Por Antonio Margariti

Fuente: ECONOMIA PARA TODOS

Cuando la economía deja de ser independiente y es dominada por la política, los consumidores pierden sus derechos y el país, el rumbo.

La presentación de un extraño proyecto de ley (Expdte. parlamentario 1897-D-2007, trámite 100-09/08/2007), por iniciativa de la diputada Mercedes Marcó del Pont, de quien se dice que será la probable ministra de economía de la candidata oficialista a la presidencia, tendiente a crear un “Ente Nacional de Promoción y Control Comercial, Industrial, Agropecuario y Agroalimentador” y designado con las horrendas siglas ENPYCCAA, ha puesto al desnudo las claras intenciones de terminar con todo vestigio de libre empresa en el ámbito de la cadena agroalimentaria.

El organismo resultante de este engendro intervencionista es una suma de facultades omnímodas de las disueltas Juntas Reguladoras de granos y de carnes, del deplorable Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), de la Secretaría de Comercio Interior, de la Dirección de control de precios y de la Comisión Nacional de lucha contra el agio y la especulación, combinadas todas ellas con la absurda e irracional Ley de Abastecimientos de José Ber Gelbard.

Parece extraño que al final de su mandato, el gobierno kirchnerista quisiera implantar un organismo típico de los gobiernos totalitarios.

Pero en la gestión que ahora se termina, existe un hilo conductor compuesto por varias hebras, íntimamente entrelazadas unas con otras.

Algunas de ellas son de naturaleza temperamentalmente coléricas. Las otras tienen un componente sustancialmente oportunista, desprovisto de toda clase de principios, salvo la mezquindad.

Las hebras temperamentales que han sido desplegadas en estos cuatro años son: el resentimiento por supuestos agravios, la agresión a enemigos imaginarios, la falsedad expresada con desparpajo, el desprecio por los buenos modales y el intento de imponer una subordinación servil.

Las hebras tácticas de este mismo hilo conductor, tienen una sustancia diferente y consisten en: el autismo en la gestión de gobierno, la improvisación del día a día y el obsesivo condicionamiento de las decisiones a la próxima contienda electoral.

El resultado de este entramado ha sido la instauración de una economía domesticada por la política. Pero entendiendo por política no a la definición aristotélica de “gobierno de la ciudad para el bien común”, sino la versión canyengue de “modus operandi para trepar y acumular poder en una sola mano”.

Economía dependiente o sometida

Cuando la economía no es independiente de la política, sino que está subordinada a ella, queda encerrada dentro de límites mentales y operativos muy estrechos, condicionados por un afán confiscatorio de índole fiscal.

En este caso, y a pesar de declamarse buenas intenciones, se erige un Estado-gigante, un cuerpo sin alma como el ogro filantrópico de Octavio Paz, caracterizado porque inevitablemente trae aparejado un sistema de recaudación confiscatoria.

El afán de concentrar poder equivale, casi algebraicamente, al propósito de apropiarse de toda renta excedente que aparezca en la sociedad.

La fiscalidad expoliadora de un estatismo asfixiante y fastidioso, no sólo obstaculiza el progreso económico ya que dificulta la acumulación de nuevos capitales en manos privadas, sino que provoca una tendencia hacia el inmovilismo, favoreciendo el desarrollo de hábitos prebendarios y corporativistas, propios de una economía servil.

En cambio, la esencia del mercado consiste en que se libera de ese predominio político y no respeta los intereses creados de los amigos del poder, presionando constantemente a empresarios y capitalistas para que ajusten su conducta a la cambiante estructura que la sociedad presenta.

Mientras tanto, en la economía dominada por la política, aquellos que se acercan al poder pueden disfrutar pacífica y cómodamente de los bienes que les legaron sus antecesores o de la riqueza acumulada por las prebendas. Por eso la economía politizada mantiene el statu-quo y se adormece en los brazos de la rutina.

Por otro lado, cuando la economía es independiente de la política, los empresarios no pueden dejar de pensar en servir a los consumidores de la mejor manera posible. Si no lo hacen, su privilegiada posición se tambalea y pueden ser relevados por una fila de recién llegados que le disputarán su posición de poder y lo destronarán.

Es intranscendente que los políticos digan que el mecanismo recaudatorio de una economía subordinada a la política, tiende a conseguir: a) una acumulación de capital en manos de empresarios-compinches, b) que se pretenda lograr la nivelación de la riqueza de los ciudadanos, o c) que meramente se persiga el propósito de recaudar mayores ingresos para el erario público con el fin de construir el socialismo siglo XXI.

Lo único que importa es que las consecuencias de este intervencionismo confiscatorio terminan siendo fatales para el destino del país.

Principalmente porque perjudica a las personas comunes como ahorristas, inversores o consumidores, al impedir a los empresarios más eficientes y laboriosos que amplíen sus operaciones en la medida que atiendan mejor los requerimientos de sus propios clientes ofreciéndoles productos de mayor calidad a precios razonables, dentro de una competencia abierta.

En la economía politizada que se ha ido conformando durante estos cuatro años del gobierno de Néstor Kirchner, no son los consumidores quienes deciden, sino los jerarcas del gobierno. Cuando se les ocurre, impiden las importaciones de productos que la población desea, para proteger a los empresarios cortesanos de la competencia internacional.

Tanto los políticos como esos empresarios prebendarios procuran impedir que la acumulación de riqueza se distribuya entre todas las capas sociales: obreros, empleados, trabajadores independiente, profesionales, pequeños comerciantes e industriales medianos.

Precisamente esa distribución de la propiedad privada es la que confiere a las personas una indudable independencia económica convirtiéndoles en seres libres, permitiéndoles disentir con el poder hegemónico y oponerse a los tiranos, porque tienen capacidad de resistencia.
No hay terceras posiciones que valgan. Sin acumulación privada de capitales en muchas manos no existe sociedad libre sino una sociedad de siervos.

Entre el señorío y la bellaquería

Por Antonio Margariti

Fuente: Economía para Todos

En las próximas elecciones de octubre no sólo elegiremos un nuevo presidente y un nuevo modelo económico, sino que tendremos la oportunidad de rechazar un estilo de hacer política basado en la mezquindad, la mentira, el odio y la avaricia.

En menos de noventa días, la suerte del país y de todos nosotros se jugará como en una perinola que decide si “todos ganan” o si “todos pierden”. Entonces, parece una irreverencia insistir con análisis anodinos en medio de un espectáculo caracterizado por la más indecorosa de todas las mezquindades: la falta de generosidad y de espíritu de grandeza por parte de quienes aspiran a convertirse en nuestras máximas autoridades políticas. Dicho de otra manera, estamos presenciando –sin mostrar indignación– cómo se utilizan los fondos públicos en viajes internacionales de alta gama para exhibir un protagonismo del que se carece. Observamos cómo se ocultan actos de corrupción en los casos Greco, Skanska y gasoductos con sobreprecios increíbles. Hemos oído a la más alta magistratura explicar que se trataba de una mera corrupción entre privados. Vimos, casi en directo, cómo la ministra de Economía ensayaba mentira tras mentira para explicar el hallazgo de una bolsa de dinero en el baño de su despacho. Nos enteramos de que una abogada sin experiencia alguna fue entronizada en una secretaría y, de inmediato, procedió a multiplicar los nombramientos de amigos, parientes y favorecedores. Leímos las desquiciantes manifestaciones de otra ministra que justificaba el flagrante contrabando de armas de guerra con destinos diferentes a los declarados. Presenciamos cómo se denigra a las personas que tienen la osadía de pensar distinto de quien ejerce el poder. Comprobamos la bastarda manipulación de los índices de precios del INDEC y la confesión de la candidata presidencial, ante empresarios españoles, de que cada punto de aumento del índice nos cuesta u$s 421 millones más. Quedamos sin palabras cuando vimos cómo se compran efímeras adhesiones por un puñado de monedas y se justifica con insolencia las transfugadas más escandalosas. Pareciera que, delante de nuestros propios ojos, se están desarrollando las escenas de una tragedia griega donde los personajes encumbrados en las altas esferas se enfrentan a conflictos provocados por sus propias fechorías, que van a desembocar en un desenlace fatal. Esos personajes muestran la imagen de lo que no son. Lucen como campeones de la bondad, pero predican el odio. Se cubren con el vestuario de los mejores diseñadores para condolerse de los pobres que no tienen con qué abrigarse. Repiten monótonos discursos, aprendidos de memoria, sin ningún destello de inteligencia ni de sentimientos. Muchas veces, se nos oculta la sordidez de algunas medidas, la avaricia de otras decisiones, las ambiciones sin freno, la jactancia de capangas y la grosería cultural que permite el dinero mal habido. Enseñar a los jóvenes No sólo los adultos presenciamos estos pésimos ejemplos. También lo están comprobando nuestros niños y jóvenes, que ven sin entender y oyen sin comprender. Ellos se están desmoralizando y corren el peligro de sacar conclusiones demoledoras para sus propias vidas. Porque si deducen que, para triunfar en la vida y escalar posiciones sociales, hay que comportarse como los personajes de este vodevil público y notorio, entonces el daño que se provoca a su conciencia moral es gravísimo. Y es en la conciencia moral de la juventud donde está refugiado el futuro de nuestra patria. Es nuestra obligación preservar a los niños y a los jóvenes de una deformación ética y de una falsa deducción de lo que están viendo. Por eso, hay que inculcarles el juicio crítico acerca de la corrupción y de la inmoralidad con que se practica la política. Frente a la juventud, debemos desempeñar un papel que está ausente en la sociedad argentina. Se trata de la insustituible función de ser intérpretes éticos de la conducta moral. También se trata de enseñarles cómo el egoísmo se ha constituido en una inclinación inculcada en nuestra sociedad y que, en cambio, el deber fundamental que deben practicar es la abnegación. La abnegación es la actitud de sacrificio y de renuncia a los caprichos personales para atender el reclamo de los demás. Es lo que nos une con el prójimo y, por eso, no debiera haber ningún político sin espíritu de abnegación, porque si carecen de él se convierten lisa y llanamente en mentirosos. El deber de aspirar a la abnegación se ha acrecentado por la exacerbación del egoísmo demostrado en la vida pública y privada. El desarrollo de la personalidad no se agota con el apetito por la propia estima, ya que dejado a sí mismo como mero impulso egoísta, termina convertido en un aliento para la agresión violenta. Los padres tienen que dirigirse a sus hijos, los maestros a sus alumnos, los mayores a los jóvenes y los magistrados a sus subordinados para enseñarles que todo este espectáculo de desmanejo de la función pública es deleznable y que hay otras actitudes ausentes que tienen mayor trascendencia que conseguir el poder para forrarse de dinero. No debemos dejar pasar ninguna ocasión para sembrar la buena doctrina en el corazón de las jóvenes generaciones, aunque parezca que no lo entienden cabalmente. Para que no se confundan y no crean que esto que están presenciando es el estilo normal en la vida republicana de un país en serio. Sólo así habremos cumplido con la irrenunciable misión de transmitir la tradición moral que hemos recibido de nuestros mayores. Ejercen la influencia, no la autoridad La ostensible actitud de quienes ocupan la función pública es la de escapar a la responsabilidad en las cuestiones que pueden salir mal y atribuirse los éxitos gestados por otros. Así, cuando tienen que asumir obligaciones indelegables, recurren al artilugio de utilizar la influencia, tratando de inducir a otros a que hagan lo que ellos se resisten a hacer. Muchos individuos que ocupan cargos públicos no se están comportando con lo que ha dado en llamarse el “señorío”. La palabra “señorío” refleja actitudes ejemplares, hoy casi olvidadas. Sin embargo, resulta fundamental para que los gobernantes puedan alcanzar ese respeto popular que sólo puede brindarles la autoridad moral ejercida. Si quienes alcanzan el poder no se comportan con “señorío”, esto es con dignidad, abnegación y la austeridad de quien se hace responsable de sus actos, entonces inexorablemente se comportarán con “bellaquería”. El “señorío” es la actitud propia del señor, de quien tiene grandeza y mesura tanto en el porte como en sus actos. El señor es la persona que respeta a todos, sin humillar a nadie. El señor tiene dominio y libertad en el obrar porque no actúa con segundas intenciones. El señor es aquél que sujeta sus instintos agresivos a la razón. Cuando obra de otra manera, deja de ser confiable. En cambio, la “bellaquería” es la actitud de los taimados, que son aquellos individuos pícaros, mentirosos, traidores, astutos y sagaces para hacer el mal, que no se atan a ningún principio sino a la comodidad y el provecho personal que puedan lograr a costa de los demás. El “bellaco” es aquél político que obra según sus mezquinas conveniencias y, en consecuencia, no es previsible ni confiable. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos si los argentinos vamos a constituir una sociedad de “señorío” o de “bellaquería”. ¿Cómo se comportarán los hombres y mujeres importantes e influyentes con respeto a los más poderosos? ¿Correrán detrás de sus antojos y frivolidades como mariposas en derredor de la llama? ¿Cuál es el ejemplo de vida que nos van a dar aquellos que nosotros, con nuestro voto, encumbraremos en el poder? ¿Estamos construyendo una sociedad donde triunfarán los truhanes, los fulleros, los mendaces y los desaprensivos? No hay duda de que hay que poner manos a la obra, de inmediato, para enseñar a las jóvenes generaciones que no deben contaminarse con la pestilencia. En noventa días, decidiremos qué queremos ser. Es obligación impostergable de cada uno de nosotros transmitir la pequeña luz de las tradiciones morales que todavía puedan anidarse en nuestra conciencia. Si mantenemos encendida esa lumbre, pasaremos esta tenebrosa noche y una nueva aurora podrá mostrarnos el rostro de la patria que “alta en el cielo como un águila guerra, audaz se eleve en vuelo triunfal”. Que ése sea el camino para los decisivos días que viviremos hasta el momento de elegir nuevas autoridades.

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Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.

Continuidad conyugal o permanencia de las reglas

Por Antonio Margariti

Fuente: Economia para Todos

El respeto y profundización del modelo que postula Cristina Fernández de Kirchner no implica una defensa del marco institucional, sino de una determinada política económica que favorece a unos pocos elegidos a dedo.

En un acto reservado estrictamente para funcionarios que gozan con fruición del poder y las remuneraciones del Estado, la precandidata presidencial por el partido gobernante hizo tres curiosas afirmaciones que parecen relacionarse con su reciente profesión de fe hegeliana. Desde su atril, Cristina Fernández de Kirchner:1º. Dijo que iba a institucionalizar un curioso proyecto económico, designado ahora como “modelo de acumulación y de inclusión social”.2º. Señaló que la elección presidencial no puede ser más una ruleta rusa, para lo cual se inaugurará un nuevo estilo definido como “la profundización del cambio”, que consiste en no cambiar a quienes ejercen el poder para asegurar la continuidad del cambio.3º. Finalmente, invocó la historia reciente para afirmar que la experiencia trágica de la Argentina indica que “la vida se arregla o desarregla desde la economía”. La influencia de Hegel Estos tres enfoques llaman la atención porque parecen seguir las líneas directrices de la dialéctica hegeliana que, en resumidas cuentas, postula la ley de la unidad de los opuestos (por la que se llega a creer que las cosas contrarias, en realidad, son idénticas), la ley de transformación de la cantidad en calidad (por la cual se presume que los procesos evolutivos nos conducirán ciegamente a un cambio de estructuras) y la ley de negación de la negación (por la que se piensa que cualquier afirmación generará su propia antítesis y, luego, se llegará misteriosamente a una etapa superadora que las incluirá a ambas). Cuando alguien, desde el sentido común, quiere comprender la interacción de estas tres leyes dialécticas, queda perplejo y confundido. Lo mismo sucedía con quienes asistían a las conferencias magistrales de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en las universidades de Jena, Heidelberg y Berlín. Sus clases rebosaban de público, desde estudiantes hasta artesanos y magistrados, que acudían a escuchar monólogos susurrantes y se dejaban encandilar con una verborrea que hacía gala de explicarlo todo de forma absoluta y que parecía conducirles al paraíso del conocimiento, aun cuando fuese incomprensible. Hegel era un asiduo bebedor de cerveza y envolvía los discursos y sus obras con un vaho tan espeso que parecían delirios de borracho, con inconmensurables cascadas de conceptos a los que después de expresados había que buscarles sentido. El fervor de la novedad y el impulso al idealismo forjaron una fructífera escuela que se dividió en dos bandos –la derecha y la izquierda hegeliana– con notables herederos. Entre sus vástagos se destacaron Carlos Marx, fervoroso admirador de su dialéctica, así como Soren Kierkegaard, antihegeliano convencido que definía al hombre como ser único e irreductible. Los ejes de pensamiento La más importante directriz del pensamiento oficial es la afirmación de que nuestro país no soporta más la ruleta rusa. Cuando una nueva figura llega a la presidencia, se piensa que la historia comienza con él y cambia la economía de punta a punta. Para evitarlo, proponen algo insólito: la profundización del cambio a través de la continuidad conyugal que nos evitaría jugar a todo o nada. Luego, ofrecen la institucionalización del “modelo de acumulación y de inclusión social”, lo cual se asemeja a la advertencia de que ese modelo será impuesto por leyes de orden público, similares a las de la convertibilidad o, quizás, ideando nuevas funciones estatales a cargo de alguna secretaría de Estado encargada de vigilar la ortodoxia del modelo. De nuevo, como en las clases de Hegel, las palabras forman frases incomprensibles. ¿Qué es el “modelo de acumulación”? Ciertamente, no se refiere a problemas irresueltos, ni a la crisis energética que perturbará el crecimiento económico, tampoco a la inflación provocada por la incesante emisión de moneda para mantener el dólar alto, ni a la violencia callejera que impide a la gente ejercer sus derechos, ni mucho menos a la delincuencia protegida por insensatos magistrados. Que se sepa, en la jerga sociológica utilizada por el Gobierno, acumulación significaría juntar y amontonar riqueza, es decir, creación de nuevo capital. Pero, entonces, ¿cómo se hace compatible ello con una política económica deliberadamente orientada a consumir capital y estimular una demanda desenfrenada para que los índices brinden una alta tasa de crecimiento? ¿En qué quedamos? ¿A partir de ahora vamos a acumular o vamos a consumir? Porque acumular significa abstenerse de consumir, mientras que consumir implica gastar lo que se había acumulado. Esta primera parte del modelo requiere, pues, una mayor precisión, debido a que –aunque suene bien– esconde un formidable galimatías. Por otro lado, corresponde saber en manos de quién se hará la acumulación. ¿Están pensando en una genuina distribución de la propiedad privada en todas las capas sociales o en una concentración de los medios de producción con aquellos neoindustriales patagónicos que forman la nueva burguesía? Además, el campo, la cadena agroindustrial, los supermercados y los pequeños comercios de barrio... ¿quedarán condenados a cumplir la función subsidiaria de suministrar alimentos y ropa baratos para que una industria súper protegida pueda contratar trabajadores a bajo costo con el fin de asegurarse condiciones competitivas en el comercio internacional? La segunda parte de la dialéctica del modelo anunciado también merece aclaraciones, porque habla de la inclusión social. ¿La inclusión social será la extensión del clientelismo a la clase media y a los empresarios independientes? ¿Deberán ellos rogar para ser favorecidos con la calidez de la mirada oficial y quedar calificados como miembros del club del progreso? Como la inclusión social significa vincular personas poniéndolas en condiciones de participar en una tarea de cooperación voluntaria, cabe preguntarse: ¿quiénes serán incluidos socialmente? ¿Todos o sólo los que acepten someterse resignadamente? Tal como puede apreciarse, es evidente que el anuncio oficial ha confundido la continuidad de personajes con la continuidad de las reglas de juego de la economía. Permanencia de las reglas de juego A todas luces, es evidente que el país necesita continuidad o permanencia. Pero no de personajes, sino de reglas de juego, porque su persistencia permite planear el futuro de cada uno y desarrollar un proyecto de vida individual que se contrapone con el proyecto hegemónico de quien ostente el poder. Las ideas contenidas en las reglas de juego pueden ser buenas o malas. En el primer caso, nos conducirán al éxito y, en el segundo, al más apabullante fracaso. El mundo ha comprobado hasta el hartazgo que sólo la continuidad de las buenas reglas es lo que conduce a que una sociedad se perfeccione, consiga progresar económicamente y alcance el desarrollo cultural. No es necesario reinventar reglas para garantizar la continuidad. Han sido descubiertas y expuestas por distintas escuelas económicas en los últimos años: la teoría de la elección pública (public choice), la teoría de los derechos de propiedad (property rights), la escuela de economía constitucional, la escuela de Friburgo (ordo) y la escuela austriaca de economía. Los países que adoptaron sus principios están gozando de una situación envidiable. Las reglas son principios básicos que inspiran confianza para la convivencia pacífica y permiten la colaboración espontánea y el desarrollo sostenido. No son complejas, aunque requieren de una voluntad política para ponerlas en práctica. Son las siguientes:a. Moneda estable para que los gobernantes no engañen a sus pueblos manipulando el signo monetario. Es decir, que la moneda sirva para hacer el cálculo económico, realizar transacciones sin inflación y acumular reservas con la seguridad de no ser estafados por futuras devaluaciones.b. Mercados abiertos para que los gobernantes no interfieran en las decisiones de los ciudadanos, se abstengan de prohibir importaciones o exportaciones y renuncien a establecer aranceles prohibitivos, permitir monopolios, limitar la oferta local, condicionar inversiones privadas, trabar la iniciación de emprendimientos y poner obstáculos para que cualquiera pueda competir con otro.c. Propiedad privada para que los gobernantes no afecten la propiedad privada con excesivos impuestos y permitan que las personas humildes puedan acumular ahorros, ascender socialmente y convertirse en propietarios.d. Libertad de contratación para que los gobernantes no impidan el libre acuerdo entre empresarios y trabajadores en el seno de cada empresa, sin que se vean obligados a cumplir acuerdos palaciegos realizados entre poderosos oligarcas sindicales y empresarios que en realidad sólo buscan que el Estado les garantice una renta por encima de lo que proporcionaría una sana competencia. e. Responsabilidad individual para que cada uno sea responsable de las consecuencias de sus actos, sin que algunos tengan que hacerse cargo del incumplimiento de obligaciones ajenas, tanto en el ámbito tributario como laboral y de la seguridad social. f. Sistema de precios libres para que pueda funcionar con libertad un sistema de transmisión de información que señale la escasez o abundancia de bienes y detecte oportunidades sin fraudes, ni controles, privilegios ni predominios de sindicatos o grupos empresarios. Confundir la continuidad con el continuismo de los que mandan, sin darnos cuenta de que necesitamos urgentemente una permanencia de reglas aptas para vivir y crecer en paz, libertad y equidad, sería otro fatal error en el que corremos el riesgo de incurrir en la próxima contienda electoral.

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.

El intervencionismo siempre engendra corrupción.

Antonio I. Margariti

La intromisión de las autoridades políticas en la actividad económica, un campo propio y específico de las personas privadas, no puede generar más que confiscación y dádiva.
En estos días, se están sucediendo una serie de hechos que ponen al descubierto las pústulas de la corrupción enquistada en el poder.
A medida que un gobierno sucede a otro, parecie ra que sus integrantes van adquiriendo mayor soltura para idear procedimientos destinados a quedarse con suculentos fondos de las arcas públicas.
La última innovación tecnológica en materia de corrupción es el ingenioso mecanismo del fideicomiso, que en los países de origen británico se denomina “trust”, es decir, confianza.
El fideicomiso fue, inicialmente, una disposición de la última voluntad de alguien que deja su fortuna encomendada a la buena fe de otro –denominado fideicomisario- para que, en tiempo y forma determinada, la transmita a un beneficiario o la invierta del modo que se le señala.
Pues bien, a partir del año 2002, esta institución sajona comenzó a ser intensamente utilizada en nuestro país por nuestros astutos gobernantes con el objetivo de escapar al control contable y la auditoría de los organismos que entienden en materia de presupuesto público: la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas, la sindicatura de empresas públicas y la Auditoría General de la Nación.
Modus operandi de la corrupción
La estrategia de la corrupción por medio del fideicomiso comienza por munirse de leyes que otorgan la facultad de cobrar “cargos específicos” en facturas de servicios públicos a grandes y pequeños usuarios. Otra opción es cuando se sancionan leyes que delegan plenos poderes en los políticos para que estos dispongan de partidas presupuestarias a su antojo.
Estos importes son depositados en el Banco Nación como aportes irrevocables de un fondo de fideicomiso. El fideicomiso puede tener los fines más extravagantes y exóticos, pero siempre estará a cargo de un funcionario de absoluta confianza, vinculado al poder político de turno, con el título de fideicomisario.
El paso siguiente consiste en idearse una obra pública, cuanto más faraónica mejor porque hay más cuero de donde sacar lonjas. Luego, se encomienda a una empresa particular que prepare las bases para llamar a un concurso de precios privados, no-públicos, reservándose el derecho de autorizar el importe final y de recomendar a ciertos candidatos que entiendan cuáles son las señales del juego.
Casi nunca se opta por el precio menor, sino que se toleran sobreprecios muy altos que superan ampliamente el doble del costo presupuestado por técnicos razonables y sensatos.
De ese sobreprecio alguien, oculto fuera de la trama del fideicomiso, obtendrá beneficios que le serán pagados por un sistema subterráneo, a través de cuevas financieras o mediante testaferros insolventes, cuyo destino final es tan recóndito e indescifrable como los jeroglíficos egipcios.
Como, a su vez, las empresas participantes que aceptan las reglas del juego se ven obligadas a justificar contablemente el origen de esos fondos, apelan a la adquisición de facturas pro-forma otorgadas por empresas ficticias, debidamente registradas y autorizadas por la AFIP. Dichas facturas se cotizan entre el 5% y el 10% de su importe venal.
Así armada la parodia del fideicomiso, originariamente pensado para testamentar una fortuna a favor de un heredero privilegiado, la ingeniería financiera termina poniendo suculentas sumas de dinero en los bolsillos de personajes ocultos que nunca dan la cara.
Sin embargo, si el sistema es repugnante y digno de toda reprobación, mucho más grave y peligrosa es la aceptación social de la corrupción.
Cuando la sociedad civil parece resignada a tolerar estas muestras de podredumbre y finge creer en las declaraciones de que “se trata de una coima entre privados”, la partida está perdida.
Es cierto que, así, un gran número de integrantes de esa sociedad acalla su conciencia y quedan enmudecidos frente a un espectáculo por el que no muestran interés, puesto que siguen ganando dinero, haciendo buenos negocios y gozando de la buena vida.
El intervencionismo estatal
A lord Acton debemos aquella frase de “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ahora podríamos actualizarla diciendo que “el intervencionismo estatal siempre corrompe tajantemente”.
Para decirlo más claramente, el intervencionismo siempre engendra corrupción. ¿Por qué? Porque significa una intromisión de las autoridades políticas en un campo propio y específico de las personas privadas: la actividad económica.
La economía es naturalmente una actividad entre particulares, que se desenvuelve dentro del derecho civil y el derecho comercial, nunca dentro del derecho administrativo. Y la corrupción es, inexorablemente, el resultado de la intervención del Estado en esa actividad económica.
Desde el punto de vista de los ciudadanos afectados, el intervencionismo produce estas dos consecuencias: confiscación y dádiva.
Es confiscación porque la intervención se basa en aquellos que deben pagar un tributo, soportar cargos específicos o asumir un costo que los demás no tienen. También es dádiva porque esa confiscación se traduce en un donativo que reciben los beneficiarios de los subsidios, los contratistas que certifican obras públicas con sobreprecios y los que reciben exenciones fiscales privilegiadas.
Siempre que hay intervención estatal habrá individuos o grupos sociales que se enriquecen a costa de otros o de sociedades privadas.
Los intervencionistas argumentan, sin ofrecer pruebas en contrario, que la acción del Estado se supone ecuánime y destinada al bien común de toda la población.
En cambio, la experiencia de años y años nos demuestra que indudablemente ninguno de los burócratas, funcionarios o mandatarios electos actúa de manera similar a los integrantes de un coro angélico.
Argumentar lo contrario no es nada más que una treta de pandilleros que todavía sirva para engañar a algunos incautos.
Los partidarios de la intervención estatal o de la “presencia reguladora del Estado”, como ahora se le llama, terminan siempre haciendo escarnio de las leyes escritas y de los principios morales atribuyéndose una intención más noble y elevada que la propia justicia en la defensa de los derechos del pueblo.
El político que decide intervenir en la vida económica siempre es egoísta. Tanto cuando pretende alcanzar el poder como cuando intenta ser reelegido, transferirlo a su cónyuge o adoptar una ideología populista para enmascarar sus propios intereses.
En un sistema crecientemente intervencionista, los funcionarios involucrados advierten súbitamente que sus decisiones pueden ocasionar graves pérdidas a los empresarios o proporcionarles pingües beneficios.
Entonces, comienzan a considerar que ellos son como la encarnación de la divina providencia que puede discernir premios y castigos.
Inevitablemente, cuando conceden licencias especiales, cuando distribuyen subsidios, cuando otorgan exenciones que no tienen todos los ciudadanos y cuando adjudican licitaciones con sobreprecios, esos políticos esperan conseguir, casi de inmediato, particulares retribuciones en dinero o específicos apoyos electorales. Por eso, siempre el intervencionismo estatal engendra corrupción.
Este pernicioso fruto fue advertido por dos personalidades completamente distintas. En el orden espiritual, por el propio papa Joseph Ratzinger, en cuya primera encíclica pastoral (Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, 28) pueden leerse estas afirmaciones: “El Estado no puede darte amor. Tu familia sí, porque es una comunidad íntima de amor y de vida entre personas concretas, de tu misma carne y sangre. El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa… Siempre habrá sufrimientos que necesiten consuelo y ayuda y… siempre habrá soledad… El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido necesita: una entrañable atención personal”.
Por eso, para evitar el triste destino que nos depara la corrupción si no logramos extirparla como un tumor maligno, debemos reflexionar sobre las advertencias que formuló la otra personalidad mencionada, la excepcional filósofa rusa Ayn Rand en su libro “La naturaleza del gobierno”: “Cuando vean que para producir necesitan el permiso de quienes nada producen. Cuando vean que el dinero fluye hacia quienes trafican influencias y no a los que comercian honradamente. Cuando vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa y no del trabajo. Cuando vean que las leyes los amparan a ellos, en lugar de protegerlos a ustedes. Cuando vean que la corrupción permite el éxito social y que la honestidad se convierte en un sacrificio sin sentido, entonces sabrán que su sociedad está condenada a muerte”. ©

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Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.

Se perdío la vergüenza

Por Antonio Margariti

El análisis aislado de las variables económicas pierde relevancia cuando los actores de la escena política despliegan conductas fraudulentas, corruptas y deshonrosas.
Desde hace un tiempo –que no podríamos decir cuánto- los ciudadanos de este maravilloso país estamos siendo deslumbrados por una especie de sucesivos destellos luminosos, como si miles de cámaras fotográficas estuviesen disparando sus fogonazos de flashes electrónicos sobre nuestra cara.
Es interesante reseñar varios de esos resplandores:
- Por una revuelta de los docentes, el presidente no puede regresar a su casa particular en Río Gallegos.

- Ningún funcionario ha sabido explicar el fracaso en la búsqueda del desaparecido Jorge Julio López.

- El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, asegura que no hay ninguna pista ni encuentra motivos razonables sobre el autosecuestro del militante Luis Ángel Gerez. Tampoco aclara cómo ocurrió su cinematográfica liberación después de un patético discurso presidencial.

- El presidente ataca públicamente a la Cámara de Casación porque quizás podría entender en las denuncias de corrupción por la operatoria de fideicomisos oficiales.

- El Gobierno intenta lavarse las manos en el caso Skanska echándole la culpa de los sobornos a una poderosa firma metalúrgica. Esa empresa no quiere hacerse cargo de culpas ajenas y, de inmediato, recibe amenazas de expropiación por parte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aliado estratégico de Argentina.

- Las autoridades guardan absoluto silencio sobre el caso Greco, fogoneado por funcionarios del Ministerio de Economía para que el Estado pague una deuda dudosa, misteriosamente incrementada.

- Como consecuencia de las acciones judiciales por el pago de sobornos en el gasoducto del norte, el ministerio respectivo ordena al Enargas reducir de un plumazo el costo oficial del gasoducto del sur en u$s 900 millones.

- La ministra de Defensa niega la validez del informe de la OACI (Organización para la Aviación Civil Internacional) que ella misma había solicitado acerca de la inseguridad de los vuelos en el área de Ezeiza.

- Varios militares mueren como consecuencia de accidentes provocados por el retaceo de presupuesto para el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea.

- El buque más emblemático de la Argentina, el Rompehielos Almirante Irízar, se incendia en alta mar por falta de mantenimiento. Su capitán, que asegura el rescate de todos los tripulantes y salva la integridad del barco, protagoniza un acto de heroísmo dentro de las más puras tradiciones navales, pero no es recibido ni felicitado por las autoridades.

- El ministro de interior denuncia que un insano intentó atentar contra la vida del presidente en su residencia patagónica cuando éste se encontraba a más de 2.500 km.- El presidente anunció desde la Casa de Gobierno que ahora vienen por él.
Son demasiado graves y sucesivas estas cosas como para no mostrar una gran perplejidad, sentir desasosiego y predisponerse a unificarlas en un juicio lapidario: ¡han perdido la vergüenza!
Efectivamente, tales cuestiones son tan inverosímiles y deplorables, que sus autores y cronistas parecieran querer convencernos de que desde el ámbito oficial se puede ofrecer un espectáculo humillante y deshonroso sin sentir vergüenza.
La vergüenza no es un demérito. Por el contrario, es un sentimiento de pundonor y de estimación de la propia honra y dignidad, que redime a quien se siente avergonzado.

Los datos económicos como añadidura

En este contexto, ponerse a analizar las cifras del INDEC o razonar sobre los valores añadidos de la economía nacional, sin tener en cuenta la conducta que muestran los actores de la escena política, parece un acto de angelical candor. Porque los números no son lo principal de la economía, sino una añadidura.
Tan sólo constituyen una manifestación fenomenológica que indica los resultados de las transacciones, pero nunca explica las causas.
Analizar las cifras de recaudaciones fiscales, los valores agregados por distintos sectores, el índice de la construcción o de la producción industrial, los saldos del comercio exterior, el crecimiento del producto interno, los pronósticos sobre el pleno empleo y todas las correlaciones estadísticas que se nos puedan ocurrir puede ser un esfuerzo estéril que a nada conduce.
Los números, las cifras y los datos no son entes autónomos con vida propia, sino el resultado de la acción humana decidida por individuos que gozan del libre albedrío y que pueden comportarse de manera muy distinta: con respeto o grosería, de manera honesta o de modo indecoroso, diciendo la verdad o mintiendo, cumpliendo los contratos o delinquiendo.
Sin lugar a dudas, no es lo mismo ni arroja idénticos resultados participar de una economía que se desenvuelve con individuos tramposos que no cumplen con la palabra empeñada, que intervenir en otra economía integrada por personas decentes que se abstienen de engañar al prójimo y honran sus compromisos.
La evidencia nos señala que los peores vicios comienzan a tener vigencia cuando un número significativo de individuos de toda la escala social tienen el mismo común comportamiento y han perdido la vergüenza. La sabiduría tradicional
Para saber qué nos está pasando, el diagnóstico económico necesita recurrir a la sabiduría tradicional, aquella que ponía en primer lugar los aspectos esenciales de la acción humana: el valor de la conciencia, el remordimiento, la obligación, el sentido de responsabilidad y el sentimiento de culpa. Si no se tienen en cuenta estos cinco componentes de la intuición racional, todo afán científico y técnico para sostener el crecimiento económico, reformar la política y restaurar las instituciones, será en vano.
Alguna vez habría que volver a pensar el significado del tradicional juramento que los altos mandatarios formulan en el acto más solemne de su vida. Allí, con la mano extendida sobre los libros sagrados, dicen: “Juro por Dios nuestro Señor y estos santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden”.
Dios y la Patria les demandan por medio de la conciencia.

Y, ¿qué es la conciencia?

Todos sabemos que la conciencia nos dice lo que es justo o injusto, lo que es bueno o malo, y nos estimula a obrar con justicia, hacer el bien y evitar el mal.
Cuando hablamos de ella pensamos que es una voz interior que nos juzga sin atenuantes, porque es un juez severo e insobornable que avisa, persuade, urge, ordena y prohíbe. La voz de la conciencia es un impulso para ser mejores. Por eso, sólo los seres humanos la tienen, mientras los animales carecen de ella.
Por experiencia propia sabemos que la conciencia ejerce un poderoso dominio sobre nuestros sentimientos íntimos.
Cuando un funcionario toma una decisión fraudulenta, violentando su propia conciencia, inexorablemente sufre una conmoción sentimental que se manifestará tarde o temprano, porque ha hecho algo indebido, venciendo la resistencia que le impone el cumplimiento del deber.
Aquellos que astutamente han armado el tinglado de la corrupción para beneficiarse con el dinero público terminarán teniendo un reproche interior que les señalará la repugnancia de su conducta, lo nauseabundo de sus deslealtades y el vacío de una vida interior que ha incumplido con su deber moral. A lo mejor tienen una conciencia perturbada, que pueden acallar yenmudecer, lo cual les permitirá tener estímulos morbosos para acumular dinero exigiendo sobornos, para cobrar sobreprecios adulterando los costos de las licitaciones o para desviar fondos aplicándolos a destinos indecentes. En estos casos, su conciencia estará encallecida por la reiteración de sus infamias y mala conducta.
Inevitablemente, sin embargo, llegará el día en que aparecerá el remordimiento, que es la exteriorización de una conciencia interior que los condena. La conciencia de aquellos que ahora no tienen vergüenza, actúa como un juez implacable que no se puede corromper ni se puede comprar con todo el oro del mundo. Es un juez que formula su dictamen antes, durante o mucho tiempo después de ejecutar los actos de corrupción.
Ciertamente, nuestros políticos podrán silenciar –por un tiempo– la voz de la conciencia y temporalmente podrán conseguir algunos éxitos, pero a la larga terminarán por oír el juicio interior que los condena.
En estos casos, el reproche y el remordimiento se convierten en un sentimiento de culpa y la conciencia se transforma en verdugo de uno mismo.
Cuando termine el festín de la corrupción, cualquiera haya sido la jerarquía del cargo que ocupen o la importancia de los recursos mal habidos, todos tendrán que rendir inevitablemente cuenta de su vida y este sentimiento a veces les acompañará como una sombra inseparable hasta la tumba y, otras, les impedirá alcanzar la felicidad que desean lograr y que no es otra cosa que el pensamiento de supervivencia después de la muerte.
Ése es el momento en que Dios y la Patria se lo demandarán. ©

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.
Fuente: www.economiaparatodos.com.ar