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Este artículo fue escrito por Alberto Benegas Lynch (h) en el Diario de América.
Si bien resulta moralmente peor que robe el gobernante encargado de velar por la propiedad de la gente que lo haga el ladrón común, es igualmente condenable cuando se trata del máximo mal, esto es, el secuestro, la mutilación y la matanza.
Los terroristas de las FARC mantienen en la jungla colombiana a cientos de personas secuestradas en jaulas, como animales.
Constituye una monstruosidad que en la jungla colombiana los terroristas de las FARC mantengan a cientos de personas secuestradas en jaulas, como animales. Todo lo que se haga para liberar a algunos será siempre bienvenido por todas las personas con algún rastro de decencia. Pero la carnavalada mediática montada por el patético ejemplar del Orinoco, no se condice con la gravedad de la materia.
Por otra parte, me pregunto que sentido tiene que Kirchner haya sido “garante” de lo que hasta el momento es una estrepitosa entrega fallida. El interrogante surge debido a que el es quien ha apañado a terroristas Montoneros y del ERP al límite de convocarlos a su gobierno. Como es de público conocimiento, además de torturar, mutilar y asesinar, aquellos grupos terroristas recurrían sistemáticamente al secuestro como método, al efecto de lograr sus objetivos finales de imponer un sistema totalitario en la Argentina.
Entonces, a menos que se me escape algo, llama poderosamente la atención que la misma persona sea convocada como uno de los “garantes” para la antes mencionada empresa, porque en este contexto se necesita alguna autoridad moral para desempeñarse al frente de semejante misión. Esto va también para el canciller Taiana, precisamente uno de los Montoneros en el gobierno de Kirchner, ahora confirmado por su mujer. La peculiar convocatoria de marras solo se explica porque el que invita es quien quiere atropellar con el canallesco “socialismo del siglo XXI” (como si pudiera modificarse un régimen opresivo con un aditamento del calendario).
Sin duda que es una grotesca hemiplejía moral, por una parte, el condenar con razón los procedimientos aberrantes de quienes combatieron al terrorismo dando lugar a la figura del “desaparecido” en lugar del establecimiento de juicios sumarios, firma de actas y la existencia de responsables y, por otra, poner de manifiesto un salto lógico inaceptable al no condenar a los terroristas que iniciaron la masacre y mucho menos ponerlos en posición de gobernar.
El derecho internacional y los respectivos precedentes protegen la vida de todas las personas, sea en tiempo de paz o de guerra, y no hacen mención de diferencia alguna al condenar como delitos de lesa humanidad los ataques sistemáticos y planeados a ese derecho por parte de grupos organizados, provengan del aparato estatal o de fuerzas irregulares, del mismo modo que, como señala el juez estadounidense Andrew P. Napolitano, las Convenciones de Ginebra y los Protocolos adicionales no hacen diferencia entre ellos para el debido proceso y las consecuentes garantías procesales.
En cambio, la Corte Suprema de la Argentina desconoció hasta el momento estos precedentes diferenciando dos tipos de terrorismos y de matanzas alegando la imprescriptibilidad solo para un grupo, con lo que, en los hechos, resultó en un escudo protector para el terrorismo guerrillero. Es auspicioso que ahora surge del dictamen del Fiscal General de la ciudad de Rosario, Claudio Palacín, en el caso del secuestro y asesinato del coronel Larraburre, que las acciones delictivas de las bandas terroristas se tipifican como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles. Esto no es lo mismo que lo que también acaba de ocurrir en la Sala Primera de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires donde, a raíz de la matanza en el comedor de la Policía Federal, se insiste en eximir de la ante dicha tipificación a la planificación de exterminios sistemáticos por parte de las organizaciones terroristas. Es de esperar que en las instancias superiores que aun falta recorrer en suelo argentino se reconozca lo establecido en el derecho internacional.
Pero la hemiplejía moral o la moral tuerta está mas extendida aun, así, en el caso argentino, se desconoce el terrorismo de Estado impuesto, por ejemplo, durante la presidencia de Cámpora y la gobernación de Bidegain y, en el campo internacional, los mandatarios argentinos del momento no solo desconocen el terrorismo de Estado en la isla-cárcel cubana durante el último medio siglo, sino que cantan loas de admiración a ese régimen hediondo (hay una fotografía de una de las visitas de Castro a la Argentina donde aparece Kirchner con cara y gesto mimoso, acurrucado en el pecho del barbudo criminal, que resulta una afrenta al decoro y a la civilización).
Entonces, una cosa es la justa condena a procedimientos inaceptables para combatir el terror y otra bien distinta es que muchos gobernantes pretendan tomar por idiota a la gente y que se apunte a liquidar las nociones mas elementales del derecho... aunque muchos de los patrocinadores de esa tesitura alardean de ser defensores de los “derechos humanos”, un concepto por cierto pastoso ya que constituye una redundancia mayúscula que toma en solfa al idioma y a conocimientos jurídicos básicos, puesto que solo los humanos son sujetos de derecho (no así los minerales y los vegetales). Es tan torpe como decir “subo arriba”o “la circunferencia redonda” y otros pleonasmos de similar tenor.
Por último, debe subrayarse que si bien resulta moralmente peor que robe el gobernante encargado de velar por la propiedad de la gente que lo haga el ladrón común, es igualmente condenable cuando se trata del máximo mal, esto es, el secuestro, la mutilación y la matanza, por tanto, “la teoría del demonio” es aplicable por igual a todos los que cometen estos actos deleznables de forma organizada y sistemática, puesto que no puede haber dos demonios, como que no puede haber dos máximos males (porque ya son máximos y, por tanto, ocupan todos los espacios del mal).
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