No tienen la información

Los gobiernos socialistas creen que pueden conseguir la felicidad para los ciudadanos por medio de políticas públicas. Creen firmemente que el Estado sabe y puede procurar la felicidad de los individuos por medio de organismos creados para ese fin, y desvalorizan completamente la capacidad razonadora de ellos. Lo que se ignora es que para que el Estado pueda conseguir ese anhelo de felicidad debería constar con una cantidad de información tan grande que sería imposible procesar e incluso de conseguir. Ludwig Von Mises y Fiedrich A von Hayek, ya hablaron de este grave inconveniente que tiene el socialismo; Mises lo llamó "La Imposibilidad del Cálculo Socialista". En realidad esta obra de Mises se refiere a la Economía en un estado socialista, no exactamente a la felicidad de cada individuo y lo que este valora como felicidad.

Buscando en la Web acerca de este dilema socialista encontré este post en el sitio www.uruguayinforme.com, donde se refiere a esta cuestión y específicamente al proyecto de constitución socialista para Ecuador, impulsada por su presidente Rafael Correa.

No tienen La Información
Otro problema del intervencionismo
por Leonardo Girondella Mora

Se vive en una época en la que se destaca el poder de la información, de la enorme cantidad de ella que existe, de la imposibilidad de recolectarla, de los esfuerzos que se hacen por organizarla y de la habilidad que es necesaria para sintetizarla.

Datos de Grupo Reforma (29 julio 2008) son indicativos de la cuantía de la información existente sólo en Internet: Google catalogó hace tres años más de 8 mil millones de páginas —un competidor suyo reciente afirma que ha catalogado 120 mil millones.

Y eso es sólo Internet. Faltan las bibliotecas públicas y privadas, las investigaciones propiedad de particulares, los archivos personales —pero por encima de todo, falta algo más, la información sobre las personas y lo que ellas tienen en su mente. Tanta es la información que simplemente no puede esperarse que ella sea posible de centralizar en un lugar y sistematizada.

Todo lo que puede reconocerse es que la información está dispersa en millones y millones de personas —cada una de ellas posee información que es parcial y que peor aún no podría ser sujeta de convertirse en información verbal o escrita que pudiera ser capturada. Esta realidad tiene profundas implicaciones, que la Escuela Austriaca de Economía ha explorado.
Por mi parte, quiero tratar un tema concreto, el de la posibilidad de un gobierno cualquiera que se ponga como meta hacer felices a los ciudadanos. No es una meta poco mencionada y en realidad los gobiernos pueden jugar un papel central en el logro de la felicidad personal —pero el lograrla es en buena parte un problema de información.

Hay dos maneras diferentes de intentar lograr la felicidad de las personas —una de ellas es dejara que las personas lo intenten por ellas mismas con sus acciones personales y para lo que un gobierno se dedicaría sólo a facilitar las condiciones más propicias para ese logro personal de felicidad. La otra pondría a la autoridad como la responsable del logro directo de la felicidad de cada quien.

Si se optara por esta última opción, la de la autoridad responsable por hacer felices a sus ciudadanos de manera directa, se presentará un problema informativo —el de conocer primero lo que la felicidad consiste para cada uno de los ciudadanos: cada ciudadano tendría que alimentar un banco de datos con lo que constituye su felicidad y reportar cambios que se tengan en esa felicidad cada vez que ellos ocurran.

Desde luego, el problema es complejo. La felicidad es un concepto muy subjetivo y cambiante, limitada por aspectos circunstanciales e imposible de poner en palabras con toda su sutileza. No podría existir el banco de datos que un gobierno necesitaría para hacer felices a los ciudadanos de acuerdo con los deseos de cada uno de ellos, por lo que un gobierno que intente esto sólo podrá hacer una cosa: definir el gobernante lo que él piensa que es la felicidad e imponer esa definición en el resto.

Claramente, lo que el gobernante haga imponiendo una definición de felicidad en el resto significará una disparidad entre esa idea de felicidad y lo que la persona piense que esa felicidad es para cada quien. En conclusión, no hay manera de que un gobierno haga una buena tarea haciendo felices a sus ciudadanos de manera directa —de tratar de hacerlo, el régimen se convertiría en uno totalitario, de imposición sobre el ciudadano. Un ejemplo reciente de esta mentalidad es la constitución propuesta en Ecuador por su presidente —Correa piensa que el gobierno todo lo puede hacer por medio de un sistema nacional a cargo del gobierno:

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas...
La única avenida posible para un gobierno es dejar que la responsabilidad del logro de la felicidad sea una responsabilidad personal —todo lo que un gobierno puede hacer es aplicar leyes iguales para todos que dejen la suficiente libertad para que los ciudadanos se esfuercen en lograrla por ellos mismos y sin imposiciones.

Un detalle aún más específico de este problema de información imposible de tener es el de la regulación económica —el intervencionismo estatal que, por ejemplo, controla precios, supone que el gobierno tiene la información suficiente para hacerlo de manera efectiva. La realidad es que esa información tampoco puede ser centralizada, pues ella está dispersa en millones de personas que tienen porciones de ella y la usan para tomar decisiones cuya información tampoco es sujeta de centralización y síntesis.

La idea que quiero señalar de manera explícita es la de la imposibilidad de centralizar información de suficiente calidad y exactitud como para poder planear las acciones de las personas dentro de una sociedad —sin esa información, la planeación central que un gobierno intente producirá acciones erróneas de efectos desastrosos, o bien producirá un gobierno totalitario que imponga sus decisiones a los ciudadanos.

Con información enorme, dispersa e imposible de centralizar, la única posibilidad es la de un sistema social de libertad igual para todos, en el que cada persona aproveche su porción de conocimiento para el logro de su felicidad. Las personas podrán acceder a la información que ellas vean en el ambiente —como los precios de los bienes, pero también las acciones de las personas, los sucesos y otras cosas que pueden entenderse como señales útiles para la persona y su felicidad.

En los terrenos de la moral se ha señalado que la planeación central de una nación lleva implícita una falta grave, la soberbia del gobernante que cree saber más que el resto de los ciudadanos y decreta precios, regulaciones y otras disposiciones más que persiguen hacer el bien en los demás, pero que ignoran que también ellos tienen capacidades y saben. Lo que he añadido es la correspondencia entre esa soberbia y la imposibilidad física de contar con la información necesaria que necesita el intervencionismo estatal.

Abriendo las puertas a la corrupción

Foto: Cato Institute

El exceso de legislación a que nos han acostumbrado los gobiernos es el causando del auge de la corrupción. Contrariamente a la creencia de que hacen falta más leyes para castigar los actos de corrupción, es la rigurosidad y excesiva cantidad de leyes lo que fomenta este flagelo.

Tantas leyes y de difícil, o imposible cumplimiento inducen a mucha gente a buscar un atajo para evadir sus mandamientos, y esos atajos casi siempre consisten en pagar sobornos a funcionarios públicos. Muchos funcionarios saben bien de esto y dictan órdenes que saben de antemano que no se pueden cumplir, pero hechas con fines de engrosar sus billeteras.

Según Enrique Ghersi, en su libro “El Otro Sendero”, la corrupción es un efecto y no una causa. Más poder al estado y a la clase política implica más corrupción.

Ecuador en la pendiente

por Alberto Benegas Lynch

Hemos leído azorados las últimas barrbasadas de Correa, esta vez la promulgación de un nuevo manotazo fiscal que significa la confiscación del fruto del trabajo ajeno. Como consecuencia de dicho engendro tributario, muchos empresarios de muy diversos ámbitos se ven obligados a interrumpir actividades y otros están considerando la posibilidad de cerrar definitivamente.

Y aquí viene otra noticia que ofende a cualquier persona que tenga dos dedos de frente: el mismo gobernante de Ecuador —teóricamente ubicado en el cargo para proteger los derechos de los ecuatorianos y de todos los que viven en ese país— decide implantar el pillaje, el saqueo, la intimidación y la violencia generalizada.

Establece que los obreros y empleados, contratados en aquellas empresas que no pueden ni quieren seguir trabajando al mismo ritmo o deben cerrar sus puertas, pueden asaltar a los dueños y “tomar” la empresa.

Correa confirma con esto que es un troglodita indigno de gobernar y, según sus dichos y hechos debería mas bien estar en la cárcel por incitar al crimen organizado y proponer el robo sistemático a lo que otros han ganado honestamente con sus labores. Si nos guiamos por toda la tradición de las sociedades libres en cuanto al derecho a la resistencia a la opresión desde la formulación de la escolástica tardía del siglo dieciséis a la fecha, habría que tomar la casa de gobierno y desalojar a tamaño invasor de los derechos mas elementales.

Sin duda que esta última sugerencia carece de sentido si no se comprende el valor del respeto recíproco basado en el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si no se ha realizado el esfuerzo educativo necesario para argumentar con solidez acerca de las bendiciones de una sociedad abierta, solo se habrá cambiado el nombre del sátrapa puesto que el siguiente que se instale en la casa de gobierno continuará son el salvajismo de Correa, quien tiene amarrada la ídem en el cuello de sus congéneres.

No se puede poner la carreta delante de los caballos. No es posible buscar un frente político de oposición perdurable y consistente si previamente no se han entendido cuales deben ser las ideas a ejecutar. A esta altura del siglo veintiuno, después de las hambrunas, los padecimientos y las matanzas ocurridas en el siglo anterior por la manía de megalómanos e ingenieros sociales por fabricar “el hombre nuevo”, no se entiende que aparezcan personajes de opereta encaramados en gobiernos que pretenden insistir en recetas trasnochadas y siempre fallidas.

Para descifrar semejante extravío es necesario prestar debida atención a lo que ocurre en las universidades y centros de estudios, no en la calidad de los edificios sino en el contenido de los respectivos programas de enseñanza. Si lo que predomina es el colectivismo rampante, no debe sorprender lo que ocurre en el nivel político y si algunos empresarios piensan que pueden sobrevivir haciendo negocios turbios en los despachos oficiales dándole la espalda a la educación, tienen sus días contados.

Solo una dosis suculenta de imbecilidad moral puede justificar a Correa porque ganó las elecciones ya que ese adefesio es un “despotismo electo” como decía Thomas Jefferson. En este contexto, debe tenerse muy presente el significado del constitucionalismo que resume Benjamin Constant en la célebre obra traducida como Curso de Política Constitucional en la que desarrolla la tesis suscripta por todos los verdaderos defensores de la democracia: “los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad que vulnere estos derechos se hace ilegítima [...] La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto.”

Alberto Benegas Lynch es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.

Fuente: http://www.elcato.org

Abuso de poder: récord constitucional

por Gabriela Calderón

Durante sus primeros cinco meses de gobierno, Correa ha demostrado poco respeto por la Constitución actual. Esto es importante porque aunque la Asamblea Constituyente nos provea con una mejor constitución, esta no mejorará la situación del país si es que nuestros líderes políticos deciden continuar actuando como que si estuvieran por encima de la ley.
Por eso es necesario que consideremos el récord constitucional de Rafael Correa:
· No juró respetar la Constitución en el acto de inauguración presidencial. Aunque esto no constituye una violación constitucional, si es un acto simbólico de suma importancia, porque demuestra que él cree que su poder está en las encuestas y no en la Constitución, como debe ser en las verdaderas democracias —esas que protegen no solo a las mayorías sino también a las minorías.
· El gobierno de Correa violó el Artículo 283 en el cual se especifica que la consulta popular legalmente convocada deberá poner “ en consideración del electorado textos concretos de reforma constitucional que, de ser aprobados, se incorporarán inmediatamente a la Constitución”. Es decir, no se contempla la formación de una asamblea para hacer una nueva constitución o reformarla.
· Las leyes, según nuestra actual constitución deben ser debatidas y decididas por el Congreso. El “Estatuto” que fue anexado a la Consulta Popular no era un “asunto” sino más bien una Ley que sin ser debatida fue sometida inconstitucionalmente a una consulta popular.
· También se ha violado el derecho al debido proceso (numeral 27 del Artículo 23) con la destitución de los 57 diputados (aunque en esto, sin restarle importancia a la violación por parte del Tribunal Supremo Electoral —TSE, lo precedieron los diputados al destituir al principal del TSE sin seguir el debido proceso).
· El TSE violó la Constitución al atribuirse funciones que no le corresponden (Artículo 119) como juzgar a diputados del Congreso, quienes deberían ser juzgados solamente por la Corte Suprema según lo indicado en la Ley Orgánica de Elecciones (con lo cual se violó el numeral 11 del Artículo 24).
· El Congreso violó, con el respaldo del Presidente, el Artículo 95 de la Constitución al desconocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que concedía amparo a los diputados destituidos y los restituía. En ese artículo se establece el cumplimiento inmediato de las resoluciones sobre Amparo.
· El aval que el gobierno le dio a la destitución de los 57 diputados —evidenciado con la presencia de la policía nacional en las afueras del Congreso— constató una violación de la independencia de los poderes (Artículo 119).
· El Pativideo de la reunión con los representantes de Abadi, del cual el Ministro Patiño y el Presidente dicen haber sido los autores, violó el derecho a “la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar” (numeral 8 del Artículo 23) y también “La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia” que también cubre “a cualquier otro tipo o forma de comunicación” (numeral 13 del Artículo 23).
Las violaciones constitucionales no son nada nuevo en Ecuador. Pero si este gobierno insiste en llamarse “revolucionario” debería comenzar por hacer el verdadero acto revolucionario: respetar la Constitución, aún cuando no le convenga.
Con esta lista preliminar de violaciones constitucionales que han ocurrido en estos últimos cinco meses no pretendo defender a los destituidos (diputados, TC, etc.) sino a la principal víctima de todo este caos político: el Estado de Derecho.

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org y columnista de El Universo (Ecuador).
Este artículo fue originalmente publicado en el El Universo [1] el 21 de Junio de 2007.
Source URL:http://www.elcato.org/node/2597
Links:[1] http://www.eluniverso.com