Por Roberto Cachanosky
Aunque el kirchnerismo consiga un nuevo mandato en las elecciones de octubre, nada hace suponer que habrá un cambio en la política económica. Por el contrario, cualquier modificación atentaría contra las mismas bases sobre las que detenta su poder.
En los últimos días, me han preguntado si el presidente Néstor Kirchner cambiará la política económica después de las elecciones. Obviamente, esta pregunta parte del supuesto de que Kirchner (o el pingüino o la pingüina que designen como candidato a presidente) logrará ganar en octubre, ya sea en la primera o en la segunda vuelta.
Supongamos que gana un pingüino. La respuesta es que por supuesto que puede cambiar. Sin embargo, la pregunta que se formularía el nuevo presidente kirchnerista sería: “¿Por qué voy a cambiar si con esta política me fue bien? Si gané las elecciones con esta política económica, ¿para qué cambiar?”. Claro, esto supone un análisis muy superficial y de corto plazo de la política económica, pero a juzgar por las medidas que vienen tomando, es obvio que la improvisación prima sobre los proyectos de largo plazo en las políticas públicas del Gobierno. Basta ver cómo se viene enredando cada vez más con el control de la inflación, al punto de que la nueva política de Estado está centrada en el precio de la lechuga, para darse cuenta del lío económico en que está metido. Un gobierno que le dedica tiempo al control del precio de la lechuga refleja tener muy poca lucidez en el campo de la economía. Semejante preocupación es casi una promesa de fracaso en el mediano plazo. De manera que el primer problema que le veo a un eventual cambio en la política económica del Gobierno son las fuertes limitaciones intelectuales que viene mostrando al respecto. El primitivismo de las medidas es tan grande, que apostar a un cambio es casi un ejercicio de ciencia ficción.
Pero transitemos la ciencia ficción y supongamos que gana el kirchnerismo y decide cambiar la política económica. ¿Qué cambios supondría? Por ejemplo, encarar en serio el problema de la inflación y dejar de emitir para sostener el tipo de cambio. Si el Gobierno dejara flotar libremente el tipo de cambio, bajo las actuales regulaciones, el mercado quedaría ofrecido, el tipo de cambio bajaría y la recaudación del impuesto a las exportaciones se reduciría o directamente se extinguiría. Esto lo llevaría a no tener caja para sostener el aumento del gasto público. De manera que para dejar de ocupar su tiempo en el precio de la lechuga y controlar en serio la inflación, lo primero que tendría que hacer el Gobierno es dejar flotar libremente el tipo de cambio, a costa de perder ingresos fiscales por las razones explicadas.
En segundo lugar, debería agradecerle los servicios prestados al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y adjudicarle alguna embajada o bien mandarlo a su casa. Con esto estoy diciendo que los precios deberían quedar liberados nuevamente y debería aceptarse pagar el costo político del reajuste de precios relativos. Reajuste que incluiría las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, entre otros. Al mismo tiempo, debería dejar de repartir subsidios a diestra y siniestra para “contener” los precios. Por ejemplo, el transporte público tendría que reajustar sus tarifas y dejar de percibir los subsidios que actualmente recibe. Con semejante cambio de precios relativos y sin tener a quién echarle la culpa del salto inflacionario, el Gobierno se vería sumamente comprometido políticamente.
En tercer lugar, debería congelar el gasto público. En vez de aumentarlo al ritmo del 25% anual como lo viene haciendo, tendría que apretar el freno, particularmente en el rubro de las obras públicas.
Recaudar menos por los derechos de exportación y dejar de aumentar el gasto iría en contra de la hegemonía política que inspira los actos del Gobierno. Dicho en otras palabras, cambiar la política económica significa sacrificar el objetivo de poder absoluto y sumergir el país en un baño de sistema republicano. Esto implicaría aceptar la división de poderes y tener un gobierno limitado. Un gobierno que respete los derechos individuales. El problema es que con la vigencia de la división de poderes el Ejecutivo puede ser cuestionado por sus actos de gobierno, no sólo por el Parlamento, sino también por la Justicia. Y un gobierno que ha sido muy poco transparente en sus actos y se ha ganado tantos enemigos, corre el riesgo de tener que someterse a incesantes excursiones a los tribunales en caso de que impere un sistema republicano de gobierno.
Desde el mismo inicio de su gestión, este gobierno utilizó el monopolio de la fuerza del Estado para intimidar a los adversarios políticos, a los que piensan diferente o a los que quisieron actuar de forma distinta a lo que indicaba el Ejecutivo. Borocotizó la política y estableció un sistema de “adhesiones” en base a la caja. Por lo tanto, el Gobierno no tiene lealtades. Quienes hoy son kirchneristas mañana van a cambiar de camiseta con una rapidez inusitada. Si alguien consigue adhesiones en base a la billetera, tiene que saber que esas adhesiones pueden transformarse en una traición ni bien comiencen a cambiar los vientos políticos. Dicho en otras palabras, Kirchner acumuló poder cooptando traidores, en consecuencia, para mantenerlos disciplinados, tiene que mantener su esquema de acumular poder e incrementar las presiones en la medida en que soplen vientos diferentes. A los traidores tendrá que someterlos con el pánico. Con esto estoy diciendo que más que un cambio de políticas en un posible segundo mandato, creo que aumentarán las inclinaciones autoritarias, por simple instinto de supervivencia.
Por otro parte, la estabilidad en las reglas de juego y el respeto por los derechos de propiedad son condición necesaria para atraer inversiones. Cambiar de política económica supone un gobierno subordinado a la ley, pero un gobierno subordinado a la ley es lo contrario a un gobierno autocrático. Así, el autoritarismo será cada vez más necesario para tratar de salvar el pellejo.
De manera que, de producirse un segundo mandato kirchnerista a partir de octubre, no me imagino a un gobierno respetando la iniciativa privada, reduciendo impuestos, bajando el gasto o integrando a la Argentina al mundo. Por el contrario, me imagino a un gobierno lanzado a una orgía de arbitrariedades, las que necesariamente aumentarán en la medida que la política económica haga más agua que ahora por el lado de la inflación. Dicho de otra manera, si hoy, con una inflación que empieza a desbordarse, el Gobierno se mete con el precio de la lechuga, es fácil imaginar el autoritarismo que imperará cuando Moreno, finalmente, sea derrotado por la verdura.
Aunque el kirchnerismo consiga un nuevo mandato en las elecciones de octubre, nada hace suponer que habrá un cambio en la política económica. Por el contrario, cualquier modificación atentaría contra las mismas bases sobre las que detenta su poder.
En los últimos días, me han preguntado si el presidente Néstor Kirchner cambiará la política económica después de las elecciones. Obviamente, esta pregunta parte del supuesto de que Kirchner (o el pingüino o la pingüina que designen como candidato a presidente) logrará ganar en octubre, ya sea en la primera o en la segunda vuelta.
Supongamos que gana un pingüino. La respuesta es que por supuesto que puede cambiar. Sin embargo, la pregunta que se formularía el nuevo presidente kirchnerista sería: “¿Por qué voy a cambiar si con esta política me fue bien? Si gané las elecciones con esta política económica, ¿para qué cambiar?”. Claro, esto supone un análisis muy superficial y de corto plazo de la política económica, pero a juzgar por las medidas que vienen tomando, es obvio que la improvisación prima sobre los proyectos de largo plazo en las políticas públicas del Gobierno. Basta ver cómo se viene enredando cada vez más con el control de la inflación, al punto de que la nueva política de Estado está centrada en el precio de la lechuga, para darse cuenta del lío económico en que está metido. Un gobierno que le dedica tiempo al control del precio de la lechuga refleja tener muy poca lucidez en el campo de la economía. Semejante preocupación es casi una promesa de fracaso en el mediano plazo. De manera que el primer problema que le veo a un eventual cambio en la política económica del Gobierno son las fuertes limitaciones intelectuales que viene mostrando al respecto. El primitivismo de las medidas es tan grande, que apostar a un cambio es casi un ejercicio de ciencia ficción.
Pero transitemos la ciencia ficción y supongamos que gana el kirchnerismo y decide cambiar la política económica. ¿Qué cambios supondría? Por ejemplo, encarar en serio el problema de la inflación y dejar de emitir para sostener el tipo de cambio. Si el Gobierno dejara flotar libremente el tipo de cambio, bajo las actuales regulaciones, el mercado quedaría ofrecido, el tipo de cambio bajaría y la recaudación del impuesto a las exportaciones se reduciría o directamente se extinguiría. Esto lo llevaría a no tener caja para sostener el aumento del gasto público. De manera que para dejar de ocupar su tiempo en el precio de la lechuga y controlar en serio la inflación, lo primero que tendría que hacer el Gobierno es dejar flotar libremente el tipo de cambio, a costa de perder ingresos fiscales por las razones explicadas.
En segundo lugar, debería agradecerle los servicios prestados al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y adjudicarle alguna embajada o bien mandarlo a su casa. Con esto estoy diciendo que los precios deberían quedar liberados nuevamente y debería aceptarse pagar el costo político del reajuste de precios relativos. Reajuste que incluiría las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, entre otros. Al mismo tiempo, debería dejar de repartir subsidios a diestra y siniestra para “contener” los precios. Por ejemplo, el transporte público tendría que reajustar sus tarifas y dejar de percibir los subsidios que actualmente recibe. Con semejante cambio de precios relativos y sin tener a quién echarle la culpa del salto inflacionario, el Gobierno se vería sumamente comprometido políticamente.
En tercer lugar, debería congelar el gasto público. En vez de aumentarlo al ritmo del 25% anual como lo viene haciendo, tendría que apretar el freno, particularmente en el rubro de las obras públicas.
Recaudar menos por los derechos de exportación y dejar de aumentar el gasto iría en contra de la hegemonía política que inspira los actos del Gobierno. Dicho en otras palabras, cambiar la política económica significa sacrificar el objetivo de poder absoluto y sumergir el país en un baño de sistema republicano. Esto implicaría aceptar la división de poderes y tener un gobierno limitado. Un gobierno que respete los derechos individuales. El problema es que con la vigencia de la división de poderes el Ejecutivo puede ser cuestionado por sus actos de gobierno, no sólo por el Parlamento, sino también por la Justicia. Y un gobierno que ha sido muy poco transparente en sus actos y se ha ganado tantos enemigos, corre el riesgo de tener que someterse a incesantes excursiones a los tribunales en caso de que impere un sistema republicano de gobierno.
Desde el mismo inicio de su gestión, este gobierno utilizó el monopolio de la fuerza del Estado para intimidar a los adversarios políticos, a los que piensan diferente o a los que quisieron actuar de forma distinta a lo que indicaba el Ejecutivo. Borocotizó la política y estableció un sistema de “adhesiones” en base a la caja. Por lo tanto, el Gobierno no tiene lealtades. Quienes hoy son kirchneristas mañana van a cambiar de camiseta con una rapidez inusitada. Si alguien consigue adhesiones en base a la billetera, tiene que saber que esas adhesiones pueden transformarse en una traición ni bien comiencen a cambiar los vientos políticos. Dicho en otras palabras, Kirchner acumuló poder cooptando traidores, en consecuencia, para mantenerlos disciplinados, tiene que mantener su esquema de acumular poder e incrementar las presiones en la medida en que soplen vientos diferentes. A los traidores tendrá que someterlos con el pánico. Con esto estoy diciendo que más que un cambio de políticas en un posible segundo mandato, creo que aumentarán las inclinaciones autoritarias, por simple instinto de supervivencia.
Por otro parte, la estabilidad en las reglas de juego y el respeto por los derechos de propiedad son condición necesaria para atraer inversiones. Cambiar de política económica supone un gobierno subordinado a la ley, pero un gobierno subordinado a la ley es lo contrario a un gobierno autocrático. Así, el autoritarismo será cada vez más necesario para tratar de salvar el pellejo.
De manera que, de producirse un segundo mandato kirchnerista a partir de octubre, no me imagino a un gobierno respetando la iniciativa privada, reduciendo impuestos, bajando el gasto o integrando a la Argentina al mundo. Por el contrario, me imagino a un gobierno lanzado a una orgía de arbitrariedades, las que necesariamente aumentarán en la medida que la política económica haga más agua que ahora por el lado de la inflación. Dicho de otra manera, si hoy, con una inflación que empieza a desbordarse, el Gobierno se mete con el precio de la lechuga, es fácil imaginar el autoritarismo que imperará cuando Moreno, finalmente, sea derrotado por la verdura.
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